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El Gobierno condena a las energías renovables a la crisis y la deslocalización según APPA y AEE.

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  • La propuesta de nuevo marco regulatorio para las energías renovables incumple el marco legal de estabilidad vigente, con lo que queda en entredicho la credibilidad del Gobierno, y supone el incumplimiento del Plan de Energías Renovables 2005-2010.
  • Todas las energías renovables se ven amenazadas a través de la reforma reglamentaria en marcha, que afectará al proceso inversor por la falta de confianza en el marco regulatorio propuesto.
  • La propuesta es incoherente con las declaraciones de apoyo a las energías renovables del presidente Rodríguez Zapatero y del nuevo titular de la cartera de energía, Joan Clos, y podría tener graves efectos económicos para los consumidores y para la economía nacional porque aboca al incumplimiento de los objetivos del PER aprobados por el propio Gobierno.
  • La propuesta reduce la rentabilidad para las inversiones comprometidas a niveles inferiores a los acordados en la regulación vigente y provoca la inviabilidad de las futuras.
  • Mientras el Gobierno favorece la subida de precios de las tecnologías contaminantes, castiga a las renovables.
  • El ejecutivo sitúa al sector eólico ante una situación crítica.

La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) y la Asociación Empresarial Eólica (AEE) han recibido con incredulidad y la máxima preocupación la Propuesta de Real Decreto por el que regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial y de determinadas instalaciones de tecnologías asimilables del régimen ordinario, remitido por la Secretaría General de la Energía a la Comisión Nacional de la Energía el pasado 28 de noviembre.

Esta propuesta incumple el marco legal de estabilidad actualmente vigente por el que se garantiza la seguridad de las inversiones comprometidas y se impide la consecución del Plan de Energías Renovables 2005-2010 (PER), aprobado por el Consejo de Ministros en agosto de 2005. El nuevo régimen retributivo propuesto reduce la rentabilidad de la gran mayoría de las instalaciones de generación a niveles muy inferiores a los establecidos y hace inviables las inversiones en el grueso de las instalaciones futuras. Con ello se paralizan los planes industriales de distintas comunidades autónomas y se empuja a las empresas a la deslocalización para desarrollar sus negocios en países con menos riesgo regulatorio.

Resulta irónico que mientras Europa liberaliza las tarifas eléctricas, la propuesta del Ministerio supone expulsar las tecnologías renovables el producción de electricidad del mercado. Con una situación tan grave, las patronales convocarán a las organizaciones sindicales, partidos políticos, sector financiero y demás agentes implicados en el sector, a una reunión informativa sobre la iniciativa gubernamental y sus más que previsibles efectos.

En consecuencia, APPA y AEE solicitan al Ministro de Industria la inmediata paralización del proceso reglamentario en curso, al tiempo que recuerdan que habían propuesto unas opciones de retribución que han sido absolutamente ignoradas. Las asociaciones representativas del sector consideran que la reforma anunciada por el Gobierno para primar la estabilidad y la rentabilidad de las inversiones, es contradictoria y gravemente confusa, y discrepa radicalmente con el contenido real de la propuesta al desatender las necesidades reales del sector formulada recientemente.

El sector valora con la máxima preocupación los efectos de dicha propuesta sobre las inversiones en marcha que reduce la rentabilidad para las inversiones comprometidas a niveles inferiores a los acordados en la regulación vigente y aboca a la inviabilidad de las futuras. Los parámetros de costes y rentabilidades que inspiran el proyecto de Real Decreto son gravemente erróneos y no tienen en cuenta los costes reales y las producciones de las nuevas instalaciones.

La propuesta no permitirá el cumplimiento de los planes del Gobierno para alcanzar la potencia prevista en el Plan de Energías Renovables 2005- 2010 al verse gravemente afectado el proceso inversor en marcha para las nuevas instalaciones, y apunta a que dicha errónea decisión puede costar al consumidor español mas de 1000 M€ por las mas de 50 millones de toneladas de Co2 que se emitirían en sustitución de los 9.000 MW eólicos pendientes de instalación y de otras energías renovables afectadas, además de las sanciones que procedan por parte de las autoridades de la UE que se trasladarán directamente a la facturación eléctrica. El proyecto se enmarca dentro de un paquete de medidas que en cambio favorece el aumento de los precios de la electricidad de origen contaminante.

En una primera valoración, no se aprecia ningún cambio significativo en la posición mantenida por el anterior equipo ministerial, que se había propuesto paralizar el proceso inversor futuro de las energías renovables, y desincentivar la participación en el mercado de la electricidad de las renovables actualmente existente, para relegarlo a un régimen de subsidio sin ninguna señal de incentivo para su desarrollo tecnológico.

El sector anuncia que de no rectificarse profundamente la orientación de la propuesta se aboca a una grave crisis en uno de los sectores industriales más dinámicos y emblemáticos de España en el contexto internacional. España ocupa la segunda posición mundial en el desarrollo de las energías renovables y cuenta con dos empresas entre los cinco primeros fabricantes de turbinas mundiales.

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