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El Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad Autónoma de Madrid realizarán un estudio sobre la aplicación de la Ley de Costas.

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El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración entre la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y el Departamento de Derecho Público de la Universidad Autónoma de Madrid, para realizar un estudio sobre la aplicación de la Ley de Costas.

Los más de quince años transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley de Costas (28 de julio de 1988) han proporcionado una perspectiva suficiente para la realización del citado estudio, que incluirá un análisis de la jurisprudencia que ha recaído sobre esta ley, un informe sobre las relaciones o problemas de articulación entre la legislación de costas y las normas autonómicas de ordenación del territorio y urbanismo y otro sobre las dificultades de articulación entre la normativa de costas y la autonómica sobre puertos.

Durante este período, las comunidades autónomas han dictado una abundante legislación en materia de ordenación del territorio y urbanismo, así como de protección de espacios naturales, y han aprobado, con diferente rango normativo, instrumentos de planificación para el desarrollo de las previsiones legales correspondientes.

Además, son también numerosos los problemas de articulación con la legislación de costas que suscita la legislación autonómica dictada en materia de puertos. Los más importantes se refieren a los puertos deportivos, que han proliferado en los últimos años y que tienen una notable incidencia sobre el litoral.

Dada la confluencia de intereses entre las partes firmantes de este convenio, se ha considerado conveniente establecer una fórmula de colaboración para posibilitar la elaboración de un estudio jurídico práctico sobre la aplicación de la Ley de Costas que permita abordar los diferentes problemas de gestión y actuación que la misma plantea, así como las necesidades de mejora.

El estudio contendrá una parte con propuestas, en la que se formularán los criterios que podrían seguirse para la solución de los problemas detectados incluyendo las recomendaciones de forma normativa que se consideren convenientes. Tendrá una duración de tres años y cuenta con un presupuesto de 120.000 euros que se repartirán a partes iguales entre la anualidades de 2006; 2007 y 2008.

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