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El sector de las instalaciones afronta con optimismo el reto de la rehabilitación como alternativa a la desaceleración de la construcción.

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La rehabilitación, un ámbito en el que el sector de las instalaciones juega un papel destacado, ofrece un amplio margen de desarrollo en España. De hecho, en Europa la rehabilitación representa el 36% del total de la construcción, mientras que en España el porcentaje es de tan sólo el 23%, según datos del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña, ITeC. Otros factores que influyen positivamente son el Código Técnico de Edificación (CTE) y la nueva Ley de Edificación (LOE).

Asimismo, según el presidente de InstalMat, Pere Miquel Guiu, “en un momento como el actual, en que la demanda de vivienda de nueva construcción está bajando considerablemente, se prevé un aumento importante de la rehabilitación de las viviendas. Durante un tiempo determinado, algunas empresas del sector de las instalaciones pueden tener ciertas dificultades debido a la desaceleración de la nueva construcción. Sin embargo, creo que ahora es un momento adecuado para entrar en el mercado de la rehabilitación”.

Nuevo impulso de las administraciones

La rehabilitación de viviendas acaba de recibir un nuevo impulso, esta vez por parte del Gobierno de la Generalitat de Catalunya. Actualmente, el Gobierno central ya permite deducir un 15% de la inversión en la rehabilitación a cuenta de lo que se paga de IRPF. El pasado 15 de abril se sumó la Generalitat de Catalunya, que anunció que devolverá el 1,5% del importe de las obras de rehabilitación de la vivienda habitual, cantidad que se suma a la deducción estatal del 15%.

“Todas las acciones que ayuden a actualizar y hacer más seguras las instalaciones son muy bien recibidas en nuestro sector” afirma Guiu, quien también destaca que periódicamente salen convocatorias de ayudas para la rehabilitación de viviendas. La del 2008 para la adecuación a las normativas vigentes de las instalaciones de agua, gas, electricidad y saneamiento, prevé ayudas de hasta un 25% del presupuesto y un máximo de 700 euros para edificios construidos antes del 31 de diciembre de 1980. “La tramitación no es difícil – apunta Guiu – y normalmente se realiza a través de los consejos comarcales o de los ayuntamientos”.

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