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El sector fotovoltaico quiere crecer un 20% anual e igualar su coste de generación con el precio doméstico de la luz antes de 2020.

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La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) proponen la adopción de un marco regulatorio para la solar fotovoltaica que le permita a dicha fuente mantener un crecimiento estable, sostenible y sostenido, del 20% anual, y contribuir notablemente a los objetivos de renovables de 2020. Basado en un sistema de reducción progresiva de la tarifa, dicho marco permitirá ajustar la evolución del mercado a la Planificación que se adopte, e igualar el coste de la tecnología al precio doméstico de la luz antes de ese año.

Según los datos de la Comisión Nacional de Energía, la fotovoltaica ha superado los 371 MW de potencia instalada que tenía como objetivo hasta 2010. Este importante logro, no obstante, se ha conseguido con un crecimiento del mercado del 500% durante el último año, que resulta inviable a futuro, y con la adopción de un modelo de crecimiento en el que priman las grandes instalaciones en suelo que debe reconducirse; la fotovoltaica debe ser, en su actual estadio de desarrollo, una tecnología de carácter distribuido, a pequeña escala y próxima al consumo, por lo que deben impedirse, con criterios económicos, técnicos y administrativos, instalaciones mayores de 10 MW.

El sector fotovoltaico debe regularse adecuadamente y evolucionar a un ritmo sostenido del 20% anual, acorde con la capacidad de la industria nacional, con las necesidades del mix renovable que debe alcanzar el objetivo de 2020 (año en el que la Unión Europea ha aprobado cubrir “obligatoriamente” un 20% de su consumo energético con energías limpias) y con su impacto sobre la tarifa eléctrica. Ello implica instalar de 400 a 500 MW durante los primeros años y crecer hasta disponer de una potencia del entorno de los 20.000 MW al final de la próxima década, lo que permitiría cubrir un 20% del crecimiento de la demanda eléctrica prevista hasta esa fecha.

Reducción de tarifas

ASIF y APPA asumen la bajada de la retribución al kilovatio fotovoltaico a corto plazo. La tarifa actual se fijó en un contexto de precios muy altos del polisilicio –materia prima básica del sector– y con la tecnología muy lejos de conseguir sus objetivos a 2010; sin embargo, dicho contexto ha quedado desfasado por la ampliación de la capacidad productiva global de polisilicio y por el gran desarrollo del mercado nacional en los últimos meses. En consecuencia, la tarifa puede reducirse entre un 10% y un 15% según el tamaño de la instalación, excepto en el ámbito de la edificación, que necesita un mayor apoyo para despegar realmente.

Para mantener el crecimiento sostenido del 20% anual, se propone la aplicación del llamado Sistema Alemán, un modelo que aplica una reducción anual de la tarifa con revisiones periódicas que permite ajustar la evolución de la tecnología a la Planificación prevista, pero que no establece limitaciones en cuanto a la potencia a instalar.

El descenso propuesto a partir de 2010, del 5% anual, se corresponde con el ritmo de reducción de costes del sector, muy intensivo en I+D+i (las empresas españolas destinan un 7% de su facturación a este capítulo), y es la vía para conseguir que, antes de 2020, el coste del kilovatio fotovoltaico se equipare al precio doméstico de la electricidad en el entorno de los 20 c€/kWh. Cuando esto se produzca, la tecnología habrá atravesado un umbral de competitividad económica que puede implicar su despliegue masivo como una de las tecnologías de generación de referencia.

Incidencia en el sistema

El incremento propuesto de la energía solar fotovoltaica en el mix de generación español conllevará importantes ahorros para el sistema eléctrico y otros efectos beneficiosos para la economía en general por las características de la tecnología y sus externalidades positivas.

Entre ellos se puede destacar el ahorro de importaciones energéticas (unos 1.500 millones de euros anuales en 2020 con el barril de crudo a unos 80 euros), ahorro en emisiones de CO2 (unos 1.000 millones de euros en un escenario de precios medios), reducción de costes de generación ordinaria (más de 1.700 millones), producción en puntas de demanda (con la consecuente disminución del riesgo de apagones), mejora de las redes de distribución (más de 270 millones) y de la calidad del suministro, generación de empleo (más de 50.000 puestos), desarrollo industrial y capacidad exportadora, o potenciación de la I+D+i.

Junto a estas aportaciones, será necesario aumentar la incidencia de la tecnología en el sistema eléctrico. Así, la consultora Arthur D. Little (ADL), que estudia el escenario del año 2020 en su informe El papel de la generación fotovoltaica en España, calcula que el efecto del crecimiento fotovoltaico propuesto por ASIF y APPA sería de sólo 2 c€/kWh más que con la tendencia del Plan de Energías Renovables 2005-2010, y subraya que “de trasladarse este incremento a los precios del segmento residencial, éstos serían todavía claramente inferiores a los de otros países de la UE, donde la tarifa media doméstica alcanzó los 18,1 c€/kWh, llegando hasta los 31 c€kWh en Dinamarca, frente a los 15 c€/kWh en nuestro país”.

Los ahorros calculables neutralizan totalmente el efecto explícito en la tarifa del desarrollo fotovoltaico planteado: Así pues, el sector fotovoltaico español, teniendo en cuenta que la tecnología ha alcanzado ya los objetivos de 2010 y habiendo analizado la situación energética actual y las necesidades futuras según el análisis de ADL, propone un marco de desarrollo estable a largo plazo, sostenido y sostenible, que ha denominado ‘Fotovoltaica 20’.

‘Fotovoltaica 20’ es una propuesta para alcanzar el 20% de consumo energético renovable en 2020. En ella, la fotovoltaica tiene un crecimiento del 20% anual, lo que permite equiparar el coste del kilovatio fotovoltaico al precio doméstico de la electricidad en 20 c€/kWh, disponer de unos 20.000 MW instalados y cubrir un 20% del crecimiento de la demanda eléctrica prevista hasta el final de la próxima década.

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