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Greenpeace propone suprimir todas las subvenciones a las energías sucias para acabar con el déficit de tarifa.

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Greenpeace ha planteado a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) un amplio conjunto de propuestas y medidas para modificar de forma eficaz y ambientalmente sostenible el marco regulatorio actual del sector energético, en respuesta a su consulta pública abierta.

La organización ecologista lamenta que el Gobierno no promueva un debate profundo sobre la reforma del sector energético, después de haber tomado de forma unilateral medidas como la moratoria al desarrollo de las energías renovables (RDL 1/2012) o su decisión de revocar la Orden ministerial de julio de 2009 de cese definitivo de la explotación de la central nuclear de Garoña, gemela de la de Fukushima.

La medida básica planteada a la CNE por Greenpeace es asegurar que el producto suministrado (electricidad, los hidrocarburos líquidos) sea remunerado de acuerdo con la totalidad de los costes que ha supuesto realizar las distintas actividades destinadas a proporcionar dicho suministro.

Para ello, en primer lugar, es necesario que se incluyan todos los costes, incluidos los ambientales pues, de lo contrario, la actividad de suministro de electricidad y de los hidrocarburos líquidos seguirá generando una deuda ecológica creciente sobre el resto de ciudadanos, de todo el mundo, presentes y futuros, así como sobre el medio ambiente en general.

En segundo lugar, es necesario evitar costes y remuneraciones innecesarias. En ese sentido es urgente revisar la formación de precios en el mercado mayorista de producción, para evitar remuneraciones desproporcionadas a instalaciones de sobra amortizadas ("windfall profits" de instalaciones nucleares e hidráulicas), evitar situaciones en que unos pocos agentes controlen en la práctica los precios de la subastas de energía o camuflar en el régimen especial actividades nocivas para la salud y el medio ambiente como la incineración de residuos.

Otras de las medidas presentadas por Greenpeace: 

  • Planificación y gestión integrada de los sistemas eléctrico y de combustibles (biogas e hidrógeno) para facilitar la incorporación creciente y de forma eficiente de la energía renovable y optimizar las infraestructuras existentes.
  • La creación de un marco regulador definido, previsible y estable, con rango de ley, para las energías renovables y la eficiencia energética, para hacer atractivas las inversiones y asegurar el cumplimiento de los objetivos.
  • Analizar qué tecnologías deben ser remuneradas en libre competencia y cuáles necesitan, aunque sea de modo transitorio, una remuneración adicional para ser viables.

"Este es un debate político fundamental, que requiere decidir con claridad qué modelo se quiere alcanzar. En el actual sistema, el régimen especial cumple esa función, pero su sostenibilidad se ve alterada no solo por su cuantía, sino por la cantidad de "parches" y subvenciones cruzadas e incentivos perversos que van en la dirección contraria", ha declarado Carlos Bravo, responsable del área de Energía y Cambio climático de Greenpeace.

Greenpeace considera que para clarificar y decidir cuál es el modelo que se quiere y a dónde se quiere llegar es necesario incorporar la mirada de largo plazo. Por ello, Greenpeace propone una planificación energética de largo plazo que marque la senda para avanzar lo más rápidamente posible hacia un sistema energético inteligente, eficiente y 100% renovable.

Para avanzar de forma consistente en ese camino, la organización ecologista establece como necesario establecer un calendario para el abandono de todas las energías sucias y su sustitución por energías renovables. Se debe limitar por ley a 30 años la vida útil de las centrales nucleares existentes, y eliminar cualquier posibilidad de renovación extraordinaria de los permisos de explotación de estas, una vez alcanzado el límite temporal, así como establecer un calendario de cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón.

Además, se debe imponer una moratoria en la exploración, especialmente de hidrocarburos no convencionales, en el territorio español. Y adoptar una posición firme a nivel europeo para impedir la importación de crudos no convencionales (crudos pesados, de aguas profundas, arenas bituminosas) en el mercado europeo.

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