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La Comisión Europea ha realizado una revisión completa de la eficiencia de las normas europeas actuales de contratación pública.

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La Unión Europea ha modificado su política de contratación pública de cara al próximo año como consecuencia de la crisis económica que está sufriendo Europa. La elaboración de la nueva legislación cuenta con un amplio proceso de participación entre los diferentes sectores de expertos e interesados en la materia.

La nueva normativa europea quiere optimizar los recursos económicos que se dedican a la contratación de bienes y servicios mediante proveedores, así como incorporar criterios sociales, ambientales e innovadores, y facilitar los trámites de contratación para las pequeñas y medianas empresas (PYME) que quieran acceder a estos contratos.

Con el objetivo de incorporar los puntos de vista de todas las partes interesadas, la UE ha realizado un proceso de consulta pública mediante un cuestionario en línea que ha recogido más de 600 respuestas. El proceso ha tomado como base el Green paper, libro verde sobre la modernización de la contratación pública de la UE.

Las aportaciones se resumen en un documento de síntesis para su debate posterior, agrupadas en cinco apartados: reglas y procedimientos de contratación, herramientas para las entidades contratantes, accesibilidad del mercado europeo de contratación, uso estratégico de la compra y la contratación pública y procedimientos para asegurar la transparencia.

Paralelamente, la Comisión Europea ha realizado una revisión completa de la eficiencia de las normas europeas actuales de contratación pública. Según este estudio, se estima que una política de contratación pública abierta y competitiva puede generar un ahorro del 4%, lo que se traduce en unos 20 mil millones de euros. Esto supera los 5 mil millones que se calcula que puede costar el cambio legislativo.

Los resultados de la revisión normativa y de la consulta sobre el Libro Verde se debatieron en la conferencia sobre “Modernización de la contratación pública” que tuvo lugar el pasado 30 de junio de 2011 en Bruselas y que constituirá la base para la elaboración de la nueva legislación que deberá ser aprobada antes de finalizar el año.

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