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La Comunidad de Madrid multiplica por diez su capacidad de tratamiento de residuos de construcción desde 2003.

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La Comunidad de Madrid ha multiplicado por diez la capacidad de tratamiento de los residuos de construcción en los últimos seis años. Así, la región ha pasado de una capacidad de tratamiento de 500.000 toneladas/año en 2003, a 2.280.000 toneladas/año en 2007, hasta superar los 5.200.000 toneladas/año en 2009.

“Una política medioambiental eficaz exige tener la capacidad para devolver los residuos a la cadena de valor, transformándolos en materiales reutilizables o en otras fuentes de energía”, aseguró la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, durante la visita que realizó a la nueva Planta de Residuos de Construcción y Demolición de Colmenar Viejo.

En la actualidad, la Comunidad de Madrid genera cerca de 4 millones de este tipo de residuos al año, de los que el 83% reciben algún tipo de tratamiento para su posterior aprovechamiento. Unos residuos cuyo aprovechamiento es reutilizado en la adecuación de suelos, pistas y caminos forestales, cunetas de carreteras o ajardinamientos.

La consejera Mariño, acompañada por el alcalde de Colmenar Viejo, José María de Federico Corral, recorrió las nuevas instalaciones de esta Planta de RCD, gestionada por la empresa Cespa, situada en el paraje denominado “Era de Montoya”. Con capacidad para el tratamiento de 245.000 toneladas de RCD al año, esta nueva planta dará servicio a los municipios de la zona noroeste de la región, sumándose así al Centro de Clasificación y Transferencia de RCD ya existente en Moralzarzal.

Estrategia de Residuos

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio promueve activamente la construcción de estas infraestructuras, en cumplimiento de las actuaciones previstas por el Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición (2006-2016) incluido en la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid.

De este modo, la Comunidad dispone de plantas de tratamiento de RCD de titularidad pública en Arganda del Rey, Navalcarnero, El Molar, Moralzarzal, San Martín de Valdeiglesias, Villarejo de Salvanés y, próximamente, Buitrago de Lozoya. En su conjunto, las plantas públicas de RCD tienen capacidad para tratar cada año más de 1,2 millones de toneladas de escombro. Por otro lado, la región cuenta con otras plantas de iniciativa privada en Madrid, Mejorada del Campo, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Villalbilla a las que se suma la visitada hoy por la consejera Mariño en Colmenar Viejo.

Para la puesta en marcha de estas infraestructuras, la Comunidad ha realizado una inversión superior a los 34 millones de euros para la modernización y construcción de instalaciones como la de Arganda del Rey, Navalcarnero, El Molar o Moralzarzal. En estas plantas se separan de los escombros los materiales reciclables, como la madera, acero, papel o el plástico y con el resto de los deshechos se obtienen para su filtrado y machaqueo, áridos de distinto grano que se utilizan para la construcción de carreteras y jardinería.

Asimismo, el Ejecutivo destina 9 millones de euros a las actuaciones necesarias para sellar y restaurar 56 vertederos ilegales en los dos últimos años, de los cuales 50 ya se encuentran perfectamente integrados en el paisaje y actualmente se trabaja en la recuperación medioambiental de los 6 restantes.

Medidas disciplinarias

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se está dando un importante impulso a la correcta gestión de los residuos que se generan en la región, colaborando con las entidades locales para que establezcan un sistema de fianzas a imponer a aquellas empresas que generen residuos de construcción y demolición.

Por otro lado, el Gobierno regional está aplicando medidas disciplinarias con el fin de controlar los vertidos ilegales de este tipo de residuos, como muestran las sanciones impuestas a siete vertederos ilegales de residuos en 2009, con multas que oscilan entre los 100.000 euros y los 180.000 euros, según sea la gravedad de la acción. Así, el infractor deberá restaurar el espacio degradado y devolverlo a su estado anterior a los vertidos.

En este mismo sentido, la Comunidad procede en los casos necesarios al precinto de camiones de transporte de RCD que realicen el vertido incontrolado de este tipo de escombros. Tras la inmovilización de precinto de estos vehículos, las sanciones a imponer en la resolución de este tipo de expedientes son de hasta 31.000 euros.

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