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Las organizaciones ecologistas reclaman un cambio radical en las políticas ambientales de las Comunidades Autónomas y presentan sus propuestas de futuro sostenible.

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Las principales organizaciones ecologistas estatales han hecho un llamamiento a todos los candidatos a las elecciones autonómicas a comprometerse con el medio ambiente y el futuro sostenible de nuestro país. Este llamamiento se ha realizado con ocasión de la presentación del documento. "Un Programa por la Tierra – Propuestas de futuro sostenible para las elecciones autonómicas", en el cual las cinco organizaciones (WWF/Adena, SEO/Birdlife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra) proponen a los partidos políticos una serie de compromisos concretos, factibles y realistas, que permitirían el cambio imprescindible en las políticas autonómicas para paliar la actual crisis ambiental.

Las comunidades autónomas tienen amplias competencias en muchos aspectos fundamentales para conseguir un futuro sostenible y no pueden eludir su parte de responsabilidad frente a la magnitud de los problemas ambientales globales. Todos ellos encabezados por el cada vez más perceptible cambio climático y la extenuación de los recursos naturales. Así, las elecciones del 27 de mayo de 2007 suponen una gran oportunidad para que todos los partidos políticos se comprometan a que las administraciones autonómicas den un giro sustancial a sus políticas insostenibles.

Las medidas propuestas por los ecologistas, repartidas en doce áreas temáticas, cubren el amplio abanico en el que las políticas autonómicas pueden influir. Sin embargo, se han destacado los siguientes temas, particularmente relevantes en el ámbito autonómico, tanto por su gravedad como por sus competencias en la materia:

  • El cambio climático es el mayor problema ambiental, social y económico al que se enfrenta el planeta y hacerle frente es una cuestión ineludible de cualquier política ética y responsable. En el ámbito autonómico, las políticas energéticas y de transporte pueden desempeñar un papel crucial en la mitigación de este fenómeno. Las organizaciones ecologistas piden, entre otras medidas, un compromiso a favor del ahorro energético y de las energías renovables. A esto hay que sumarle el desarrollo de planes de movilidad sostenible que fomenten el transporte no motorizado en zonas urbanas y limiten el uso del transporte privado.
  • El urbanismo se ha convertido en la principal actividad transformadora del territorio, y generadora de importantes impactos sociales, siendo las comunidades autónomas las directamente responsables.. Entre otras, las propuestas de los grupos ecologistas consisten en limitar los nuevos crecimientos urbanísticos a las necesidades reales, a los alrededores de los cascos urbanos y a un 10% de la superficie urbana y población actuales. Asimismo, hay que impedir la aprobación de convenios urbanísticos de planeamiento y declarar como franja libre de edificación los suelos no urbanizados situados hasta a 500 metros del mar.
  • A pesar de que el agua sea un elemento vital para las personas y los ecosistemas, muchos ríos, humedales y acuíferos están sobreexplotados, contaminados y degradados. Todas las comunidades autónomas tienen amplias competencias para determinar su uso y la conservación de estos ecosistemas. Por lo tanto, las políticas autonómicas deben fomentar el ahorro para un uso eficiente del agua, tanto en la agricultura como en el sector doméstico. De igual modo, las ONG consideran que se deben cumplir los objetivos de depuración marcados por la Unión Europea.
  • El aumento de la producción de residuos ha sido imparable y hasta la fecha las políticas de prevención han resultado ser un rotundo fracaso. Para la próxima legislatura, invertir esta tendencia debe ser una prioridad para las comunidades autónomas, que tienen plena competencia sobre producción y gestión de residuos. Las organizaciones ecologistas reclaman medidas para que se reduzcan por lo menos un 10% los residuos producidos al final de la legislatura, con especial atención a la materia orgánica.

Además de estos puntos, el documento presentado aporta ideas para unas políticas ambientalmente responsables en las áreas de agricultura y desarrollo rural, mares y costas, biodiversidad, bosques, producción industrial y prevención de impactos ambientales.

Finalmente, se hace un llamamiento a que las administraciones autonómicas tengan un comportamiento ético fomentando la compra y contratación de servicios sostenibles y, por otro lado, promoviendo la participación pública, en particular, la de las organizaciones ecologistas.

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