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Según ASIF, el Congreso de los Diputados ratifica la vulneración de la seguridad jurídica del país.

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La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) lamenta profundamente que el Congreso de los Diputados haya convalidado el Real Decreto-Ley 14/2010, una norma con disposiciones retroactivas y muy perjudiciales para el Sector Fotovoltaico español. La Asociación considera que vulneran la seguridad jurídica del país y seguirá luchando para que se restablezca el Estado de Derecho y se indemnice a los miles de damnificados.

El decepcionante resultado de la votación celebrada ayer en el Congreso perjudica gravísimamente las economías de miles de empresas y particulares que han invertido más de 20.000 millones de euros en energía fotovoltaica en España. En los mejores casos, tendrán que renegociar las financiaciones que hicieron en su día para ejecutar las inversiones; en los peores, si no consiguen la refinanciación, las empresas quebrarán y los particulares perderán sus instalaciones, las garantías que las respaldaban y terminarán en los listados de morosos. Debido a la gran dispersión del parque fotovoltaico español, con más de 53.000 instalaciones, hay más de 200.000 personas afectadas que se sienten estafadas por el Gobierno.

ASIF, que ya ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 1565/2010, aprobado el pasado mes de noviembre, ha organizado una Plataforma de afectados al objeto de que sus socios –así como sus clientes y entidades vinculadas– puedan, a través de ella, canalizar sus reclamaciones de responsabilidad patrimonial a la Administración por la aplicación del RD-L 14/2010.

No es afán de ASIF contribuir a la saturación de los tribunales, pero no hay otra opción para que los damnificados defiendan sus intereses, habida cuenta de que el rango de Ley impide a ASIF el amparo de la tutela judicial, puesto que no puede recurrir directamente el RD-L 14/2010. Adicionalmente, ASIF seguirá trabajando para que se restablezca el Estado de Derecho y para que las próximas normas corrijan las disposiciones del RD-L 14/2010.

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