La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) y la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ante los indicios de la aprobación inminente del nuevo decreto de regulación de las energías renovales en Consejo de Ministros, sin haber cerrado el proceso de negociación con el sector, hacen un último llamamiento al Gobierno para que no dé un paso atrás en el desarrollo de las energías renovables y para que acabe con la incertidumbre del proceso regulatorio que agrava la nueva norma. Las dos asociaciones que representan a la totalidad del sector instan al Ejecutivo a tener en cuenta su última propuesta para el acuerdo que supone fundamentalmente dar estabilidad y previsibilidad a la regulación sin coste alguno para el Sistema Eléctrico, un acuerdo que no supone ninguna hipoteca para el futuro y que hoy todavía es posible.
Ante los indicios de la inminente aprobación en Consejo de Ministros del nuevo decreto de regulación del Régimen Especial en los términos en los que el texto fue enviado al Consejo de Estado el pasado 26 de marzo las asociaciones representativas del sector, APPA y AEE, quieren hacer un llamamiento final al Gobierno para que no dé un paso atrás en el desarrollo de las energías renovables en nuestro país, y, especialmente de la eólica a la que el Plan de Energías Renovables (PER) aprobado por este mismo equipo gubernamental atribuye el más del 70 por ciento de la potencia a instalar de aquí a 2010.
El sector advierte que con su actual redacción el nuevo marco normativo provocará un frenazo al desarrollo eólico que viene a sumarse al retraso acumulado en estos dos últimos años respecto a los objetivos del PER con un 25 por ciento menos de potencia instalada cada ejercicio con el consiguiente efecto sobre la ralentización de planes de crecimiento industriales y del empleo sectorial, y la focalización de la gran industria eólica hacia el exterior.
Los efectos negativos de esta incertidumbre abierta en 2005 se pueden cuantificar en el horizonte del PER en la reducción de un 25 por ciento de los objetivos en la tendencia actual, y que podría incrementarse con la nueva norma, en un desvío del 50 por ciento para llegar en 2010 a solo 16.000 MW instalados frentes a los 22.000 MW previstos con un importante efecto económico en importación de combustibles fósiles, emisiones no evitadas de gases de efecto invernadero y reducción del efecto de reducción del precio de la electricidad en el mercado.
Incertidumbre y provisionalidad
En efecto, la incertidumbre que rodea el proceso de reglamentación de las energías renovables y la provisionalidad con que se contemplan las primas y las actualizaciones de los valores, están teniendo ya claros efectos negativos. La falta de predictibilidad a largo plazo de la evolución de las compensaciones a las energías renovables tiene un impacto económico negativo al incrementar el coste de financiación de los proyectos.
Ambas asociaciones denuncian también la ausencia de diálogo entre el Ministerio de Industria y el sector. Por primera vez en la historia de la regulación de las energías renovables la opacidad y el hermetismo han marcado la tramitación de una norma que afecta a un sector al que se dice se quiere apoyar.
Lo que debería haber sido un proceso coordinado con los sectores implicados de revisión de las retribuciones para afrontar el ciclo inversor pendiente manteniendo el ritmo de crecimiento de 2004, se ha convertido en una reforma integral de la reglamentación que ya ha frenado el crecimiento privando de transparencia, estabilidad y previsibilidad a largo plazo el establecimiento de los mecanismos de apoyo.
Estabilidad y previsibilidad
El sector recuerda al Gobierno que la regulación es el motor del desarrollo de las energías renovables y que sus peticiones de estabilidad y previsibilidad en el sistema diseñado por el Gobierno para retribuir a las energías renovables, no sólo no tienen ningún coste económico ni suponen una hipoteca, si no que dotan de rigor a la regulación y se encuadran exactamente dentro de los criterios fundamentales de estabilidad y certidumbre acordados por el más reciente Consejo Europeo para la política energética común y auspiciados por el presidente del Gobierno de España, orientados a alcanzar sistemas energéticos económicamente eficientes para logar el 20 por ciento de renovables en 2020.
El sector pide al Gobierno que adecue la propuesta a dichos criterios, mediante las siguientes medidas:
- Dotar de estabilidad a la asignación de las primas mediante la supresión del carácter retroactivo de sus revisiones,
- Reforzar la previsibilidad de los mecanismos de actualización de todos los valores, incorporándolos directamente en el reglamento.
- Situar los niveles retributivos en los términos conciliados con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
La importancia de la estabilidad y de la perdurabilidad en el diseño de estos mecanismos de apoyo en materia de política económica ha sido ampliamente destacada y recomendada por la Comisión Nacional de Energía y por el Consejo de Estado, cuyos informes han sido desoídos por Industria.