El derecho de los consumidores a elegir electricidad limpia debería quedar garantizado en la nueva Ley del Sector Eléctrico. Esta es la propuesta de Greenpeace en el Consejo Consultivo de Electricidad, en el que se debate el Anteproyecto de la reforma de esta ley.
El Ministerio de Industria pretendía saltarse este debate y llevó directamente el anteproyecto al Consejo de Ministros, pero el Consejo de Estado advirtió que carecía del preceptivo informe de la Comisión Nacional de Energía y de su Consejo Consultivo de Electricidad, por lo que ahora el Ministerio la ha presentado ante estos organismos por trámite de urgencia.
Greenpeace considera que la nueva ley, que viene forzada por la necesidad de adaptarse a la directiva europea de liberalización del mercado eléctrico, es clave para que los consumidores puedan ejercer su derecho a elegir suministrador, y con ello seleccionar de dónde viene la electricidad que compran, que es lo que determina el impacto ambiental. Sin embargo, con el anteproyecto presentado por Industria los consumidores no tendrían posibilidades de elegir hasta 2011, y las grandes eléctricas podrían seguir dominando todas las actividades (generación, transporte, distribución, comercialización).
“La nueva ley debe obligar a las eléctricas a atender los derechos de los consumidores y de los ciudadanos. No puede ser una ley para las eléctricas”, ha declarado José Luis García Ortega, representante de Greenpeace en el Consejo Consultivo de Electricidad.
La primera condición para que los consumidores puedan elegir suministrador es que la propia actividad de comercialización sea viable. Para ello, las tarifas que ve el consumidor deben reflejar los costes reales de la actividad. Puesto que la nueva ley introduce un nuevo concepto, denominado “tarifa de último recurso”, Greenpeace propone que se defina las condiciones para su aplicación, que al fijar la cuantía de esta tarifa se permita un margen suficiente para que las comercializadoras puedan ofrecer su actividad a todas las categorías de consumidores, y que su entrada en vigor se adelante a 2007. De lo contrario, el mensaje global sigue siendo muy negativo, pues se disfraza el precio de la electricidad para que parezca más barata de lo que realmente cuesta, con lo que se sigue incentivando el derroche energético.
Además de permitir que sea viable la comercialización, para que los consumidores puedan elegir, es necesario que esta actividad sea realizada por empresas no vinculadas a los grandes grupos eléctricos, es decir, una separación de actividades completa, pues la propuesta del Gobierno se queda a medio camino y no evitaría situaciones de privilegio y abuso de posición dominante por parte de aquellas empresas pertenecientes a grupos integrados verticalmente respecto a aquellas independientes. Para ello, Greenpeace propone que un grupo de sociedades no pueda desarrollar actividades incompatibles de acuerdo con la Ley, de forma que las actividades liberalizadas (generación, comercialización) sean ejercidas por empresas completamente independientes de las que realicen actividades reguladas (distribución, transporte).
Greenpeace reclama también que esta ley incorpore el etiquetado eléctrico, incluyendo entre las obligaciones de las comercializadoras y distribuidoras la de informar en las facturas, con un formato uniforme, sobre las fuentes de energía empleadas y su impacto ambiental, información que también debería desglosarse en la facturación de las tarifas de último recurso. Un etiquetado eléctrico uniforme y fiable es necesario para que los consumidores puedan saber de dónde viene la electricidad para poder elegir electricidad limpia, y es imprescindible para acabar con el “engaño verde”.
Greenpeace apoya y considera muy necesaria la creación de la Oficina Gestora de Cambios de Suministrador, prevista en el Anteproyecto de ley, como instrumento neutral para evitar abusos y dar igualdad de oportunidades a todos los consumidores.