La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, ha expuesto en el Congreso de los Diputados las líneas básicas del Proyecto de Ley de Suelo que comienza hoy su tramitación parlamentaria afirmando que «es un proyecto en contra de la especulación urbanística, a favor de la transparencia y la participación de los ciudadanos y para hacer ciudades más sostenibles y cohesionadas».
La intervención de la ministra ha repasado los efectos de la Ley del Suelo de 1998. «Entre 1998 y 2005 el precio de la vivienda libre se ha incrementado un 150% y el precio del suelo urbano lo ha hecho nada más y nada menos que un 500%» ha destacado Trujillo.
La ministra además ha señalado que esta Ley del 98 no ha sido capaz de prever ni impedir el problema ambiental derivado del proceso de urbanización acelerada del suelo, ni el problema social planteado por el difícil acceso de los ciudadanos a la vivienda y por último el problema político que han generado los casos de corrupción y especulación urbanística.
María Antonia Trujillo ha insistido en que esta nueva Ley que comienza su tramitación parlamentaria «es escrupulosamente respetuosa con las competencias autonómicas».
La ministra de Vivienda ha resumido en cuatro los objetivos de la nueva Ley de Suelo: ampliar la transparencia del sector y la participación de los ciudadanos en la toma y en el control de las decisiones urbanísticas; asentar las políticas urbanas sobre las bases de un desarrollo territorial y urbano sostenible; asegurar una mayor oferta efectiva de suelo para viviendas protegidas y aumentar la eficiencia de los mercados de suelo, desincentivando la especulación.
El Proyecto, ha destacado la ministra, contiene un nuevo «régimen de valoraciones, orientado a tasar la situación real del suelo y la inversión y el riesgo asumidos, pero no las meras expectativas, lo que desincentivará las prácticas de clasificación y retención puramente especulativas del suelo».
Además, la ministra ha señalado que el suelo es un bien natural escaso y no renovable, por lo que la nueva Ley desecha la idea del «todo urbanizable». «Urbanizar no es producir solares. Urbanizar es hacer ciudad y, por tanto, también infraestructuras, dotaciones y equipamientos públicos. Creo que reivindicar el urbanismo como una función pública irrenunciable y no susceptible de mercadeo no es un acto de intervencionismo, sino un ejercicio de responsabilidad, hoy más que nunca».
María Antonia Trujillo también ha querido señalar que esta será una Ley para los ciudadanos, que tendrá en cuenta a todos los ciudadanos y no sólo a los propietarios, enunciando «un catálogo mínimo de derechos y deberes de los ciudadanos en relación con el suelo y el urbanismo, recuperando la noción de ciudad como espacio colectivo en el que disfrutar y ejercer la ciudadanía».
En la lucha por la transparencia el Proyecto de Ley de Suelo debatido en Las Cortes recoge algunas reglas básicas: que los convenios urbanísticos sean sometidos a información pública («no puede ser que la Administración asuma, de espaldas a los ciudadanos, compromisos que afectan diaria, directa y poderosamente a sus propiedades, a sus viviendas y a la calidad del medio en el que viven»); reserva mínima de un 25 % del nuevo suelo residencial para vivienda protegida («un mínimo que pueden aumentar las Comunidades Autónomas»); asegura la participación de la comunidad en las plusvalías («situarla entre el 5 % y el 15 %, y permitir al legislador autonómico fijarla excepcionalmente por encima del 15 % hasta el 20 %, o por debajo de ese 5 %»).
Por último, María Antonia Trujillo ha explicado que la nueva Ley prohibirá subastar o vender los suelos públicos destinados a vivienda protegida por encima del valor máximo de repercusión de suelo para ese uso social, y además mandará anotar en el Registro de la Propiedad dicho límite, para evitar que pueda defraudarse en sucesivas transmisiones.
Respaldo a la Ley de Suelo
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, ha destacado en su intervención que la elaboración de este Proyecto de Ley de Suelo ha requerido de mucho esfuerzo, pero sobretodo de mucho consenso y muchas negociaciones. Pero principalmente ha sido un Proyecto de Ley muy consultado: FEMP, Consejo Económico y Social, arquitectos, geólogos, geógrafos, notarios, registradores, cooperativas, promotores públicos y privados, sindicatos, Consejo de la Juventud, representantes de personas con discapacidad, ecologistas. Un amplio abanico de sectores que representa a todos los ciudadanos que se beneficiarán de los efectos que la nueva Ley de Suelo producirá en nuestro urbanismo.