La Comisión Europea ha adoptado un amplio paquete de propuestas trascendentales para cumplir el compromiso del Consejo Europeo de luchar contra el cambio climático e impulsar la energía renovable. Dichas propuestas ponen de manifiesto que los objetivos acordados el año pasado son viables tanto tecnológica como económicamente y brindan una oportunidad comercial única a miles de empresas europeas. Estas medidas incrementarán radicalmente el uso de la energía renovable en cada país y establecerán objetivos que vincularán jurídicamente a los gobiernos. Se incentivará a los principales responsables de las emisiones de CO2 para que desarrollen tecnologías de producción no contaminantes a través de una profunda reforma del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión (RCCDE), que impondrá un límite a las emisiones a escala de la UE. El objetivo del paquete de propuestas es que la Unión Europea cumpla su compromiso de reducir los gases de efecto invernadero en un 20 % como mínimo e incremente hasta un 20 % la cuota de energías renovables en el consumo energético de aquí a 2020, tal como acordaron los dirigentes de la UE en marzo de 2007. La reducción de las emisiones aumentará al 30 % en 2020 cuando se alcance un nuevo acuerdo global sobre el cambio climático.
En palabras del Presidente de la Comisión, José Manuel Barroso: «Responder al desafío del cambio climático es la prueba política suprema para nuestra generación. Nuestra misión, es más, nuestro deber, es proporcionar el marco político adecuado para que la economía europea se desarrolle en un entorno favorable y seguir liderando la actuación internacional para proteger nuestro planeta. Este paquete de propuestas no sólo responde a ese desafío, sino que tiene la respuesta adecuada al reto de la seguridad energética y es una oportunidad que podría permitir crear miles de nuevas empresas y millones de puestos de trabajo en Europa. Debemos aprovecharla».
Según Stavros Dimas, Comisario de Medio Ambiente: «Este paquete de propuestas, creado a partir del innovador régimen comunitario de comercio de derechos de emisión europeo, demuestra a nuestros socios mundiales que las medidas tajantes para combatir el cambio climático son compatibles con el crecimiento económico ininterrumpido y con la prosperidad. Permite a Europa encabezar la carrera hacia una economía mundial con emisiones de carbono reducidas, que desencadenará una ola de innovación y creará nuevos puestos de trabajo en tecnologías limpias. Estas propuestas ponen en práctica los compromisos que adoptaron los líderes de la UE el pasado año, a través de un justo reparto del esfuerzo. Ahora, todos los Estados miembros han de aportar su plena contribución».
Por su parte, el Comisario responsable de la Política Energética, Andris Piebalgs, afirmó: «En un momento de subida de los precios del crudo y de preocupación por el cambio climático, las fuentes de energía renovables nos brindan una oportunidad que no podemos desaprovechar. Nos ayudarán a reducir nuestras emisiones de CO2, a reforzar la seguridad de nuestro abastecimiento y a generar empleo y crecimiento en un sector de alta tecnología en pleno desarrollo. Si hacemos un esfuerzo ahora, Europa estará a la cabeza en la carrera hacia esa economía con un bajo nivel de emisiones de carbono que el planeta necesita tan desesperadamente».
La Comisaria de Competencia, Neelie Kroes, declaró: «Las directrices comunitarias sobre ayudas estatales constituyen una importante aportación a la política de energía y cambio climático de la Unión y al permanente proceso de reforma de las ayudas estatales. Ésta es una ocasión doblemente propicia para que los Estados miembros financien proyectos medioambientales y para impulsar el crecimiento económico en la UE».
Basándose en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión (RCCDE), la Comisión propone reforzar el mercado único del carbono a escala comunitaria, que incluirá más gases de efecto invernadero (actualmente sólo está incluido el CO2) y englobará a todos los principales emisores industriales. Los derechos de emisión que salgan al mercado irán disminuyendo año tras año para permitir que las emisiones cubiertas por el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión se hayan reducido en 2020 en un 21% desde los niveles de 2005.
En el sector de la electricidad, responsable de la mayor parte de las emisiones de la UE, la subasta será completa a partir del comienzo del nuevo régimen en 2013. Otros sectores industriales, así como la aviación, aumentarán el sistema de subasta paulatinamente, aunque podría hacerse una excepción para los sectores especialmente vulnerables a la competencia de productores de países que no tengan limitaciones de carbono comparables. Además, las subastas serán abiertas: cualquier operador de la UE podrá comprar derechos de emisión en cualquier Estado miembro.
Los ingresos obtenidos del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión corresponderán a los Estados miembros y deberán utilizarse para ayudar a la UE a adaptarse a una economía respetuosa del medio ambiente mediante el apoyo a la innovación en ámbitos tales como las energías renovables, la captura y almacenamiento del CO2 y la I+D. Una parte de los ingresos deberán destinarse también a ayudar a los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático. La Comisión calcula que los ingresos obtenidos de las subastas podrían ascender a 50 000 millones de euros anuales en 2020.
El régimen comunitario de comercio de derechos de emisión, que está ahora en su cuarto año de funcionamiento, ha resultado ser un instrumento eficaz para encontrar una solución basada en el mercado que ofrezca incentivos para la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero. En la actualidad abarca unas 10 000 instalaciones industriales en toda la UE, incluidas centrales eléctricas, refinerías de crudo y acerías, que producen casi la mitad de las emisiones de CO2 de la UE. Con el nuevo régimen, más del 40 % del total de emisiones estarán cubiertas por el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión. Para reducir la carga administrativa, las instalaciones industriales con emisiones inferiores a 10 000 toneladas de CO2 no tendrán que participar en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión.
En sectores no cubiertos por el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión, como la construcción, el transporte, la agricultura y los residuos, la UE reducirá las emisiones en un 10 % por debajo de los niveles de 2005 de aquí a 2020. Para cada Estado miembro, la Comisión propone un objetivo específico de acuerdo con el cual éste tiene que reducir sus emisiones en 2020 o, en el caso de los nuevos Estados miembros, puede aumentarlas. Estas variaciones oscilan entre -20 % y +20 %.
Además de un mercado de los contaminantes que funcione correctamente, todos los Estados miembros tienen que comenzar a cambiar urgentemente la estructura de su consumo de energía. Hoy en día, la cuota de las energías renovables en el consumo final de energía de la UE es del 8,5 %, lo que significa que es necesario un incremento medio del 11,5 % para poder cumplir el objetivo del 20 % en 2020.
Para conseguirlo, la Comisión propone unos objetivos individuales, jurídicamente vinculantes, para cada uno de los Estados miembros. Las opciones para desarrollar las energías renovables varían de un Estado miembro a otro y los plazos requeridos para conseguir que las energías renovables sean operativas son largos. Por ello, es importante que los Estados miembros tengan una visión clara de los aspectos en los que quieran intervenir. Los planes nacionales de acción que han de elaborar los Estados miembros establecerán cómo cada uno pretende cumplir sus objetivos y cómo puede realizarse un seguimiento eficaz de su progreso.
Siempre y cuando se cumpla el objetivo general de la UE, los Estados miembros estarán autorizados a contribuir apoyando el esfuerzo europeo general en favor de las energías renovables, y no necesariamente dentro de sus propias fronteras. Esto hará que la inversión se dirija allí donde las energías renovables puedan producirse de la forma más eficiente, lo que podría suponer un ahorro de 1 800 millones de euros en el coste previsto para cumplir el objetivo.
La propuesta también trata el objetivo mínimo del 10 % para el uso de biocombustibles en el transporte en la UE que deberá alcanzarse para 2020. Este porcentaje es el mismo para todos los Estados miembros. La sostenibilidad es fundamental para llevar a cabo este objetivo: la Directiva incluye criterios precisos de sostenibilidad.
La Comisión ha adoptado también unas nuevas directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente que ayudarán a los Estados miembros a elaborar una política europea sostenible para el clima y la energía. En comparación con el texto de 2001 (véase IP/00/1519), estas nuevas directrices amplían el campo de aplicación de los proyectos de ayuda e incrementan también las intensidades de ayuda. Las directrices establecen nuevas condiciones para las ayudas estatales al objeto de fomentar la protección del medio ambiente y lograr el fundamental equilibrio entre la obtención de más ventajas para el medio ambiente y la reducción al mínimo de los falseamientos de la competencia.
Si la ayuda no está bien encaminada, no producirá resultados medioambientales, y se corre el riesgo de falsear la competencia, lo que daría lugar a un menor crecimiento económico en la Unión Europea.
Antecedentes
El 10 de enero de 2007, la Comisión aprobó un paquete de medidas sobre energía y cambio climático, en el que se instaba al Consejo y al Parlamento Europeo a que aprobasen:
- un compromiso independiente de la UE para reducir al menos en un 20 % las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2020 en comparación con los niveles de 1990 y el objetivo de una reducción del 30 % de aquí a 2020, supeditado a la celebración de un acuerdo internacional global sobre el cambio climático;
- un objetivo obligatorio para la UE del 20 % de energía renovable de aquí a 2020, incluyendo un objetivo del 10 % de biocombustibles.
Esta estrategia fue aprobada tanto por el Parlamento Europeo como por los dirigentes de la UE en el Consejo Europeo de marzo de 2007. El Consejo Europeo invitó a la Comisión a presentar propuestas concretas, que incluyeran la forma de repartir los esfuerzos entre los Estados miembros para alcanzar dichos objetivos.
El presente paquete de medidas es la respuesta a dicha invitación. Comprende una serie de propuestas políticas clave estrechamente vinculadas entre si. Entre ellas se pueden citar:
- una propuesta para modificar la Directiva del régimen para el comercio de derechos de emisión en la UE (RCCDE);
- una propuesta relativa al reparto de esfuerzos para cumplir el compromiso independiente de la Comunidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores que no están cubiertos por el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de la UE (como el transporte, la construcción, las pequeñas instalaciones industriales, la agricultura y los residuos);
- una propuesta de Directiva destinada a fomentar la energía renovable para contribuir a alcanzar los dos objetivos citados en materia de emisiones.
Entre las propuestas que forman parte del paquete figuran también una propuesta de marco jurídico para regular la captura y almacenamiento de CO2, una comunicación sobre la demostración de la captura y almacenamiento del CO2 y nuevas directrices para las ayudas estatales de carácter medioambiental.
Cuota de España
Según el reparto que le ha correspondido a nuestro país de cara al 2020, España tendrá que reducir sus emisiones de CO2 en un 10% y deberá producir el 20% de su energía con fuentes renovables.