La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Comisiones Obreras (CC OO), Ecologistas en Acción, Greenpeace, la Unión General de Trabajadores (UGT) y WWF-Adena instan al Gobierno a modificar su propuesta de nueva regulación para la energía solar fotovoltaica, de modo que se evite un grave golpe a un sector caracterizado por su dinamismo e innovación, que puede provocar el cierre de numerosas empresas –con efecto sobre miles de empleos–, y es un insólito paso atrás en la lucha contra el cambio climático.
España debe mantener su apuesta por ser uno de los líderes mundiales en el desarrollo de la fotovoltaica, una de las fuentes de energía con mayor potencial de todas, y una de las mejores opciones del país para luchar contra el calentamiento global y disminuir su dependencia energética.
Por ello, el Gobierno debe modificar su propuesta de nueva regulación para la energía fotovoltaica, ya que conllevará, en caso de aplicarse tal y como está, una drástica reconversión sectorial que pone en peligro la viabilidad de numerosas empresas y de miles de puestos de trabajo asociados a ellas.
El propio presidente del Gobierno ha afirmado en el discurso de investidura y en otras muchas ocasiones el compromiso del Gobierno en convertir a España en líder mundial en energías renovables y en favorecer a los sectores que pueden encabezar el desarrollo tecnológico que tanto se necesita.
Entre otros aspectos rechazables, la propuesta del Gobierno limita el volumen del mercado solar a sólo 300 MW durante 2009, un 70% menos del volumen de mercado que está teniendo entre enero y septiembre de este mismo 2008.
Este brusco descenso de actividad, contrario a la política de fomento de las energías renovables y a la defensa del medio ambiente, supondrá un duro golpe al sector fotovoltaico español que las organizaciones firmantes del presente Comunicado de Prensa consideran innecesario y excesivo.
Por otro lado, es esencial que el Gobierno aporte una solución válida para evitar que las instalaciones en construcción que no lleguen a acogerse a la regulación actual cubran el cupo que la propuesta de nueva regulación asigna para 2009, provocando la parálisis del mercado fotovoltaico nacional hasta 2010.
Las organizaciones firmantes solicitan una regulación que garantice el desarrollo a futuro de la energía fotovoltaica, porque ello constituye una excelente oportunidad para fortalecer el importante potencial tecnológico existente en el sector de las energías renovables en España, aportando valor añadido a nuestra industria y generando empleo de calidad.