Las medidas retroactivas en el sector fotovoltaico, aprobadas el pasado 23 de diciembre por el Gobierno, tendrán un efecto socioeconómico negativo para un colectivo superior a las 200.000 personas, según señalan la Asociación empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA).
El impacto socioeconómico del recorte de la actividad de las plantas fotovoltaicas se desprende de los análisis y de las tomas de posición que han puesto de manifiesto diversas asociaciones profesionales, agrarias, energéticas e industriales a raíz de la decisión del Ministerio de Industria de introducir medidas retroactivas.
Según las últimas cifras de la Comisión Nacional de la Energía, de las 53.155 instalaciones afectadas por el Real Decreto-Ley 14/2010, una sensible mayoría corresponde a colectivos socioeconómicos muy diseminados en todo el territorio nacional. Particularmente en aquellas comunidades autónomas en las que la tecnología solar fotovoltaica se ha convertido en un claro vector de inversión, crecimiento económico y desarrollo social. Este es el caso de Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Canarias, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra y Aragón.
La reacción popular que se desprende de las aproximadamente 10.000 cartas enviadas al Congreso por productores y allegados afectados por esta medida, expresa, según las tres asociaciones fotovoltaicas –AEF, ASIF y APPA–, la relevancia de las pérdidas económicas que podrían suponer para la economía de estos colectivos la aprobación por parte del Congreso de los Diputados del RD-L 14/10.
Puesto que los dos tercios de las instalaciones fotovoltaicas existentes están en manos de particulares, de familias, hay más de 200.000 personas directamente afectadas por la nueva regulación que quiere aprobar el Gobierno.
Las tres asociaciones fotovoltaicas, que han movilizado al sector y vienen defendiendo sus intereses ante las diferentes instancias del país, se muestran unidas en plantear que, en el caso de que el Congreso de los Diputados no forzase al Gobierno a un diálogo para definir con equidad el futuro del sector fotovoltaico, se produciría un daño relevante para el amplio segmento de la población señalado. Sin descontar el descrédito nacional e internacional por el cambio continuo, y desacorde con las Directivas de la Unión Europea, de las normas regulatorias por parte de las autoridades responsables de definir una política energética eficiente y sostenible. La nueva regulación crearía una situación insostenible para aquellos 60.000 inversores pequeños y medianos y para otros grupos de inversión de mayor tamaño que verían en peligro las inversiones que efectuaron en su día confiando en el Boletín Oficial del Estado.