El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Integral de Fomento para la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía, que destinará una dotación estimada de 529,2 millones de euros hasta 2020 para relanzar la actividad y el empleo en uno de los sectores más afectados por la crisis económica, según ha informado el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado. Con estas inversiones, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo, Andalucía se situará como referente del desarrollo equilibrado de esta actividad, que actualmente supone el 8,5% del Valor Añadido Bruto regional y el 5,2% del empleo.
El consejero ha calificado este programa como el principal instrumento de planficación estratégica de Andalucía
, que tiene como objetivo transformar el modelo economico actual hacia uno más sostenible. A juicio de Sánchez Maldonado, este plan blinda el sector de la construcción frente a la especulación, vinculando la actividad a una mayor industrialización, el medio ambiente y la innovación.
El plan, definido en el seno de la Mesa de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía con las aportaciones de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, establece la rehabilitación como una alternativa de especialización, competitividad y empleo a partir de la intervención en edificios antiguos o de su escasa calidad constructiva. Actualmente, este tipo de inmuebles alcanza la cifra de dos millones en la comunidad autónoma.
La nueva estrategia recoge un amplio conjunto de medidas e incentivos para mejorar el ahorro y la eficiencia energética de las edificaciones; configurar un tejido productivo especializado en construcción sostenible; impulsar el uso de fuentes renovables; agilizar y reducir trámites administrativos; favorecer la transparencia frente a las prácticas especulativas; incorporar en las adjudicaciones públicas requerimientos de inserción laboral; atender las necesidades de vivienda y energía de los colectivos más vulnerables, y fomentar la creación de un ‘clúster de la construcción sostenible’ capaz de establecer alianzas y captar y exportar proyectos.
Otras iniciativas previstas son la constitución de una red de gestores energéticos como salida laboral especialmente dirigida a los jóvenes; la implantación de nuevos perfiles profesionales; el desarrollo de un marco normativo que garantice el óptimo funcionamiento del sector, y la puesta en marcha de medidas para afianzar la posición de Andalucía en el exterior como referente en rehabilitación y construcción sostenible.
Respecto a las medidas de ahorro, eficiencia energética y uso de fuentes renovables, el plan dará continuidad a la línea de incentivos abierta en 2009 para respaldar inversiones en esta materia. Desde su puesta en marcha, el Programa para el Desarrollo Energético Sostenible, Andalucía A+, ha apoyado con 214,5 millones de euros un total 90.597 proyectos que han movilizado una inversión superior a los 1.300 millones de euros.
Asimismo, el plan adaptará a los requisitos del nuevo Marco de Apoyo Comunitario de la Unión Europea 2014-2020 los incentivos del Programa de Impulso a la Construcción Sostenible de Andalucía, que desde su creación en abril de 2014 ha respaldado con 24.562 actuaciones de mejora energética en edificios. En este caso, la inversión generada ha sido de 224 millones de euros, con 14.200 contrataciones realizadas.
Las intervenciones ya desarrolladas en el marco de este programa, con la participación de más de 7.600 empresas colaboradoras, han supuesto un ahorro de más de 210 millones de euros en la factura energética de hogares y empresas, equivalente al consumo anual de 26.000 toneladas de petróleo y a la emisión de 62.000 de dióxido de carbono. Con ello se amortiguan los efectos que sobre las economías domésticas y empresariales ha tenido el continuo encarecimiento del precio de la electricidad y el gas (en los últimos cinco años el kilowatio/hora se ha incrementado un 63% en España, uno de los mayores incrementos de la Zona Euro).
El plan aprobado por el Consejo de Gobierno permitirá paliar la incidencia de la crisis económica en la construcción, un sector que ha perdido 351.000 ocupados desde 2007 y actualmente presenta una tasa de paro asociado cercana al 40%. La excesiva atomización (las microempresas representan el 98%), unida a la elevada dependencia de la financiación externa (el 73% de los recursos totales de la empresas) y al escaso nivel de industrialización, suponen importantes barreras al desarrollo de la actividad. Además, la economía sumergida alcanza el 29% del PIB generado por el sector. En términos energéticos, la edificación concentra en Andalucía un 23% del consumo final.