Andalucía desarrolla una nueva Ley de Cambio Climático que pretende ser un instrumento de prevención y corrección de los efectos adversos del cambio climático, marcando un compromiso de emisión a través de un presupuesto de carbono repartido por áreas estratégicas de mitigación, transporte, agricultura, residuos, edificación y emisiones industriales difusas.
Según ha avanzado el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, la Ley contempla un Plan Andaluz de Acción por el Clima en el que se abordarán los objetivos de mitigación y adaptación desde el ámbito local y autonómico para incorporarlos a todas las planificaciones sectoriales. Incluye también la creación de un sistema de compensación de emisiones de efecto invernadero en el sector privado, que posibilitará la opción de compensar las emisiones a través de proyectos de forestación, reforestación y conservación.
Esta iniciativa es una continuación de las ya desarrolladas por el Gobierno Andaluz para frenar el calentamiento global. Así, en 2002, Andalucía fue la primera comunidad de España en aprobar la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático. Le siguieron los programas de mitigación (2007), adaptación (2010) y comunicación (2012), y en 2014 el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Cambio Climático; cumpliendo así los acuerdos internacionales asumidos y contribuyendo a paliar los efectos del cambio climático. Un ejemplo de ello es que, gracias al programa de mitigación, se alcanzó con un año de adelanto el objetivo inicial planteado para 2012 de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en un 19% respecto a 2004, consiguiendo reducirlo en un 21% según apunta el consejero.
Andalucía además ha concedido ayudas para la transformación de la energía en procesos industriales, unos incentivos que han superado en el periodo 2008-2012 los 200 millones de euros; los tratamientos de restauración en áreas con un grado muy alto de desertificación; el impulso del ahorro energético y las energías renovables en la industria agroalimentaria; la mejora del transporte público y el fomento de la movilidad no motorizada y la intermodalidad, etc. Destaca también el tratamiento de los residuos con las acciones destinadas al aprovechamiento del biogás de vertedero, la recuperación de materiales o la valorización energética. A todo ello hay que sumar las campañas de educación ambiental dirigidas a todo tipo de público para concienciar sobre los efectos del cambio climático y promover conductas respetuosas con el medio ambiente.