La consellera de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de Valencia, Gabriela Bravo, ha presentado las principales autoridades judiciales de la Comunitat Valenciana sendos proyectos de rehabilitación de los edificios que ocupan el Tribunal Superior de Justicia y la Ciudad de la Justicia de Valencia, con una inversión conjunta de 8,5 millones de euros.
Los dos proyectos serán financiados con fondos europeos procedentes de la Iniciativa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), un proyecto de la Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa para dar apoyo financiero a proyectos de regeneración o desarrollo urbano.
El coste de la rehabilitación de ambos edificios se ha tasado en 8,5 millones de euros, a los que la conselleria ha accedido gracias un contrato de crédito suscrito el pasado día 22 de junio que ofrece unas condiciones muy favorables: un plazo de devolución de 15 años, a un 0% de interés y con los tres primeros años de carencia.
La financiación con cargo a los Fondos FEDER permitirá a la Conselleria de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas ejecutar en los próximos tres años una serie de proyectos de eficiencia energética en sedes judiciales por un importe aproximado de otros 2,5 millones de euros. Estas actuaciones mejorarán de manera sustancial sus condiciones de habitabilidad y confort y generarán importantes ahorros en la factura eléctrica de hasta un 20%.
Estas sedes son, entre otras, Benidorm, la Ciudad de la Justicia de Alicante, Novelda, Quart de Poblet, Vinaròs, Xàtiva, Villena, Nules, Segorbe, Ciudad de la Justicia de Castellón, Sagunt, Elx, Paterna y Elda. En todos estos inmuebles se acometerán actuaciones encaminadas a la mejora de la climatización, iluminación y aislamiento térmico de fachadas.
En el caso del Palacio de Justicia de Benalúa, ya se ha elaborado un anteproyecto de reforma que se pondrá en marcha en cuanto concluya un estudio geotécnico del terreno necesario para verificar el estado estructural del edificio.