El Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea ha publicado un informe que evalúa el progreso en el seguimiento y la aplicación de la Estrategia de la Unión Europea sobre Biodiversidad para 2030 (EU BDS). Si bien se han adoptado medidas importantes para desarrollar y aplicar políticas destinadas a reducir los impactos sobre la biodiversidad, todavía no han sido suficientes para detener la pérdida de biodiversidad y revertir su deterioro.

La Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030 se publicó en mayo de 2020 como parte fundamental del Pacto Verde Europeo. Su objetivo es encaminar la biodiversidad europea hacia la recuperación de aquí a 2030, con objetivos y acciones para proteger la naturaleza, restaurar los ecosistemas, impulsar un cambio transformador e intensificar la acción exterior de la Unión Europea en favor de la biodiversidad.
Progreso de la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030
El informe presenta la situación actual y los próximos pasos en el desarrollo de un marco de seguimiento para la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030. Además, ofrece una visión general del progreso realizado en la implementación de la EU BDS hasta la fecha, así como una evaluación de la probabilidad de alcanzar sus objetivos para 2030.
El documento analiza 29 submetas distintas de la estrategia en términos del progreso observado hasta ahora y la probabilidad de cumplirlas para 2030. También destaca la dificultad de monitorear el progreso, con 14 submetas para el progreso actual y 16 submetas para la probabilidad de cumplir las metas de la estrategia para 2030 que aún no se han evaluado para 2030 debido a la falta de datos.
Según el informe, la mitad de las acciones solicitadas en el marco de los cuatro pilares de la estrategia (protección de áreas, restauración de ecosistemas, facilitación de cambios transformadores y acción exterior) se han completado. La mayoría de las acciones restantes están en marcha, con pocas acciones retrasadas, pero es probable que se completen para 2030. Estas acciones incluyen la implementación de legislación como el Reglamento de restauración de la naturaleza, así como la reducción de la brecha en la implementación de las políticas existentes y la elaboración de directrices para las evaluaciones.