El Gobierno de España ha presentado una nueva propuesta de Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, resultado de un proceso participativo que ha contado con más de 1.300 actores y casi 4.000 aportaciones. En este proceso han intervenido administraciones, científicos, organizaciones sociales, ambientales y empresariales, sindicatos, sectores agrario y pesquero, jóvenes, mujeres, entidades rurales y urbanas, académicos, profesionales de la emergencia y colectivos vulnerables.
La propuesta incorpora diversos ámbitos, incluyendo la salud, la ciencia y la adaptación, los sistemas costeros y marinos, la biodiversidad, la lucha contra la desinformación y la gobernanza. Su objetivo es reflejar las demandas de la comunidad científica, de los movimientos sociales y de los distintos actores institucionales.
Entre los objetivos principales destacan la aplicación del conocimiento científico sobre el cambio climático en todas las políticas públicas, la gestión forestal adaptada a la realidad climática y territorial, el aumento de la resiliencia hídrica frente a inundaciones y sequías, la restauración y conservación de la biodiversidad, y la protección y adaptación de los sistemas costeros y marinos.
Además, busca generar resiliencia en el medio rural, potenciar las contribuciones de los sectores agrario y pesquero, proteger la salud frente a los impactos climáticos, garantizar medios técnicos y humanos en todos los niveles de la administración para combatir eventos extremos, reforzar los servicios de emergencia y promover una cultura cívica de prevención, así como luchar contra la desinformación climática.
Proceso participativo y alcance institucional
Desde la aprobación de la propuesta inicial del Pacto de Estado en el Consejo de Ministros el 2 de septiembre, el documento se ha enriquecido mediante consultas, reuniones sectoriales y la I Convención del Pacto de Estado, un espacio de diálogo que ha reforzado el compromiso institucional, científico y social. Una parte significativa de las contribuciones proviene de la consulta oficial a la comunidad científica realizada por la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC).
Los ejes de trabajo y los elementos incluidos implican a todos los niveles de la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas, a las ciudades autónomas y a las entidades locales. La propuesta establece medidas y prioridades claras, así como herramientas de seguimiento y gobernanza, lo que la hace operativa y útil para la acción pública, manteniendo un formato conciso capaz de abordar de manera transversal todos los sectores, territorios y ecosistemas afectados por la emergencia climática.