El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha nuevas medidas para luchar contra el cambio climático mediante la incorporación de cláusulas medioambientales en determinados contratos públicos. Estas medidas incluyen el cálculo de la huella de carbono, el uso de vehículos menos contaminantes y la adopción de medidas específicas en los contratos de suministro alimentario. La iniciativa, en vigor desde principios de año, busca reducir la huella de carbono de los servicios y bienes externalizados que se convoquen.
Las nuevas condiciones especiales de ejecución se aplicarán durante el desarrollo del contrato, no como requisitos previos de solvencia o criterios de admisión, garantizando así la igualdad de trato, la libre concurrencia y el acceso a la contratación pública sin restringir la participación de los licitadores.
Cálculo y seguimiento de la huella de carbono
El Consistorio exigirá a las empresas adjudicatarias de contratos de servicios repetitivos con similares unidades de trabajo que abarquen varias anualidades la presentación de informes sobre la huella de carbono de su actividad. La medición se realizará sin coste para las empresas mediante la calculadora de huella de carbono que facilita la Junta de Andalucía. Se deberá presentar un primer informe estimado a los 15 días del inicio del contrato, otro informe anual con datos reales mientras dure la prestación del servicio y un informe definitivo, al menos un mes antes de la finalización del contrato, con los datos actualizados de todas las anualidades.
En una segunda fase, el Ayuntamiento de Málaga prevé introducir cláusulas para que las empresas no solo calculen, sino que también reduzcan su huella de carbono durante la prestación de servicios, en línea con la Estrategia de Economía Circular aprobada por el Consistorio en enero de 2025.
Asimismo, se fomentará el empleo de vehículos con menores emisiones de gases contaminantes en aquellos contratos que requieran desplazamientos o transporte, y se incorporarán medidas orientadas al consumo de alimentos frescos, de proximidad y de temporada en los contratos de suministro alimentario y servicios de restauración, en consonancia con la normativa estatal para la prevención de pérdidas y desperdicio alimentario.