La compañía Molins recuerda a las empresas con centros de trabajo ubicados en planta calle o bajo rasante en zonas de actuación prioritaria el plazo para instalar medidores de gas radón, que vence el 28 de febrero. Estos sistemas deben instalarse antes de este plazo para que las mediciones puedan completarse antes del 31 de mayo, de acuerdo con la Instrucción IS-47 del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
La Instrucción IS-47 del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) señala que estos sistemas de medición deben quedar colocados antes de que termine el mes, de forma que las lecturas puedan completarse a tiempo antes del 31 de mayo. Para cumplir la normativa sobre gas radón, los detectores tienen que permanecer en el centro de trabajo durante un año natural (descontando los periodos de cierre) o, como mínimo, tres meses dentro del periodo de máxima concentración, comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de mayo de 2026, evitando coincidir con el cierre de la actividad.
Esta obligación afecta a instalaciones en plantas bajas, sótanos y espacios subterráneos, así como a centros que manipulen aguas subterráneas, incluyendo balnearios, actividades termales, oficinas, comercios, laboratorios, gimnasios, aparcamientos subterráneos y espacios turísticos como minas o cuevas, donde los niveles de radón pueden ser más elevados.
Medidores, normativa UNE y medidas de mitigación
Molins recuerda el número de medidores a instalar según las características del centro de trabajo. Como norma general, se considera adecuado instalar al menos un medidor por cada zona diferenciada. En instalaciones de menos de 200 m² se recomienda colocar un mínimo de dos dispositivos, con el fin de obtener una medición más representativa.
Los resultados de los medidores deben analizarse en un laboratorio acreditado conforme a la normativa de la Asociación Española de Normalización (UNE), para garantizar que las lecturas sean fiables. Posteriormente, los datos deben integrarse en el plan de prevención y en la documentación de seguridad y salud de la empresa.
Una vez evaluados los niveles de gas radón, Molins indica que las actuaciones se centrarán principalmente en las áreas donde el valor promedio supere los 300 Bq/m³. En esos casos se prevé la incorporación de barreras específicas, como membranas continuas, o la implantación de sistemas que impidan el ascenso del gas desde el terreno, mediante espacios ventilados o técnicas de despresurización. En espacios con resultados inferiores a 300 Bq/m³, el Código Técnico de la Edificación (CTE) contempla intervenciones más sencillas, como reforzar la ventilación, el sellado de grietas o el cierre de puntos de entrada del gas radón.
Para mantener la seguridad a largo plazo, los controles de gas radón deberían repetirse cada cinco años, siempre que los niveles se mantengan por debajo del límite establecido. Si el edificio sufre reformas, ampliaciones o cambios estructurales que puedan alterar la concentración de radón, se aconseja realizar una nueva medición en un plazo máximo de seis meses tras la finalización de los trabajos.
Además, Molins enfatiza en la necesidad de informar a los trabajadores sobre la duración del proceso, la interpretación de los resultados, las medidas preventivas que se adoptarán según los niveles detectados y el impacto del gas radón en la salud.