La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha presentado la Guía de recomendaciones para una tramitación ágil en materia de vivienda. El documento incluye una serie de recomendaciones y buenas prácticas orientadas a simplificar la tramitación administrativa municipal en el proceso de construcción de viviendas, sobre todo en aquellos ayuntamientos con mayor población donde, en general, el problema de acceso a la vivienda es más acuciante.
La guía no tiene carácter normativo. No obstante, puede ser de utilidad para los ayuntamientos para paliar el déficit de vivienda. La elaboración del contenido se ha basado en un proceso de escucha activa, con reuniones con ocho instituciones de referencia vinculadas a la construcción de vivienda, que trasladaron sus puntos de vista sobre los obstáculos que dificultan la tramitación administrativa. Junto a ello, la FEMP también ha analizado las acciones que están llevando a cabo algunos ayuntamientos para facilitar la tramitación administrativa; prácticas que podrían ser provechosas y servir de espejo para otros municipios.
Guía de recomendaciones de la FEMP
La guía de recomendaciones de la FEMP parte de un diagnóstico detallado de la situación, elaborado tras encuentros con los consejos generales de la Arquitectura Técnica de España; de Caminos, Canales y Puertos; Ingenieros Industriales; Ingenieros Técnicos Industriales; y Arquitectos de España, además de las asociaciones de Promotores Consultores de España; Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, y la Unión de Agrupaciones de Arquitectos al Servicio de las Administraciones Públicas.
A partir de este análisis se identifican ámbitos de actuación municipal como la formación y profesionalización del personal, la digitalización y la administración electrónica, la organización interna del ayuntamiento, la simplificación administrativa y la colaboración público-privada.
Más allá de esta guía, la FEMP propone una serie de iniciativas en materia de vivienda, como la posibilidad de que los ayuntamientos empleen sus remanentes en inversiones financieramente sostenibles (IFS), opción ya recogida en un real decreto de finales de 2025. También han presentado una enmienda a la ley que se está tramitando en materia de financiación territorial en la que se van a tomar decisiones relativas a la ejecución de inversiones.