Solo 42 de los 300 pliegos de contratación pública de construcción analizados, el 14%, incorporan al menos la mitad de los 28 criterios de sostenibilidad evaluados, según el ‘Observatorio de construcción sostenible en las Administraciones Públicas’, elaborado por PwC y AENOR. El análisis, realizado sobre la documentación de 100 entidades, entre ellas 24 empresas públicas y 76 administraciones territoriales, constata un avance progresivo, pero también un desequilibrio entre los criterios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza.
La sostenibilidad se introduce sobre todo desde la dimensión ambiental, que concentra el 63% de los tipos de cláusulas identificados. Los criterios de gobernanza representan el 25% y los sociales se sitúan en el 13%. El informe señala que la sostenibilidad integral sigue siendo minoritaria: apenas el 2% de las administraciones examinadas alcanza el nivel definido en el análisis.
Predominio ambiental en los pliegos públicos
El Observatorio enmarca la construcción sostenible en una visión de ciclo de vida alineada con la Taxonomía Europea, que amplía el enfoque más allá de la eficiencia energética y la reducción de emisiones. Esa perspectiva incluye criterios sociales y de gobernanza y abarca desde la fabricación de materiales y el diseño del proyecto hasta la ejecución, el uso, el mantenimiento y el desmantelamiento final del edificio.
Entre las cláusulas ambientales, la gestión de residuos es la categoría más extendida y aparece en el 71% de las entidades de la muestra. Le siguen la adecuación de la obra al entorno, con el 53%; el uso de energías renovables, con el 51%; la eficiencia energética, con el 38%; la elaboración de informes ambientales, con el 37%; y la gestión de emisiones, con el 32%.
El análisis indica que la gestión de residuos actúa como principal soporte de la sostenibilidad ambiental en los pliegos, en ocasiones con exigencias superiores al mínimo legal. En cambio, la presencia de criterios vinculados a materiales, uso del agua y certificaciones ambientales es reducida, lo que mantiene un enfoque parcial y apoyado con frecuencia en medidas aisladas.
Dimensión social y gobernanza contractual
Las cláusulas sociales se concentran en tres de las 28 categorías analizadas. La preferencia por empresas que emplean a personas con discapacidad figura en el 97% de las entidades y la preferencia por compañías con medidas de igualdad de género aparece en el 81%. Las medidas de accesibilidad, en cambio, solo se identifican en el 12%.
El informe vincula los elevados porcentajes de las dos primeras categorías a obligaciones legales y a su uso habitual como criterios de desempate entre ofertas. Por ello, su impacto directo en la ejecución del contrato resulta limitado frente a otros requisitos con capacidad de incidir en el desarrollo de la obra.
En gobernanza, el Observatorio identifica seis categorías. La gestión de riesgos es la más frecuente, con presencia en el 53% de las entidades analizadas. A continuación figuran la identificación y el estudio de puntos críticos, con el 31%; la ciberseguridad y la seguridad de la información, con el 19%; el compliance, con el 17%; la metodología VDC, Virtual Design and Construction, con el 16%; y los sistemas Lean Construction, con el 3%.
El estudio advierte de que los pliegos y los sistemas de gestión contractual no suelen incorporar procedimientos estandarizados para verificar durante la ejecución los compromisos asumidos por los licitadores. También detecta indefinición en las responsabilidades de los órganos de contratación y de las entidades adjudicatarias, lo que dificulta la trazabilidad, la detección de desviaciones, la comparación entre lo ofertado y lo ejecutado y la aplicación de medidas correctoras o sancionadoras.
Ciclo de vida, materiales y ámbitos de mejora
El Observatorio concluye que los pliegos prestan más atención al uso del edificio y al destino de sus componentes al final de la vida útil que a los materiales y a la fase de construcción, dos ámbitos relevantes para reducir el impacto. De los 28 tipos de cláusulas, solo cuatro se refieren a materiales y ninguno incorpora criterios sociales o de gobernanza.
Cuando se introducen requisitos ambientales sobre materiales, suelen centrarse en el contenido reciclado, presente en el 57% de los pliegos, y con frecuencia carecen de parámetros comunes para comprobar su cumplimiento. Las certificaciones de calidad aparecen en el 26% de los documentos y la Certificación de Calidad AENOR en el 59%, mientras que las referencias a certificaciones medioambientales son puntuales.
Ámbitos de mejora
El informe identifica siete ámbitos prioritarios de mejora. Entre ellos figuran una presencia más equilibrada de criterios ESG, la incorporación sistemática de aspectos relativos a residuos, materiales, agua, energía, emisiones y certificaciones ambientales, y el refuerzo de la dimensión social con requisitos que generen impacto más allá del cumplimiento normativo.
El Observatorio también plantea mejorar la trazabilidad y supervisión de los compromisos ESG durante la ejecución de los contratos, dotar las cláusulas de métricas claras, objetivos cuantificables e indicadores verificables, aplicar un enfoque integral de ciclo de vida y avanzar en criterios técnicos de selección de materiales que incluyan estándares verificables y requisitos de trazabilidad sobre huella ambiental, durabilidad, toxicidad y circularidad.