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Ecologistas en Acción pide a las CCAA planes contra la contaminación

Las medidas tomadas por las autoridades autonómicas deberán cumplir con el objetivo octohorario para la protección de la salud humana.

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Ecologistas en Acción denuncia que entre 2013 y 2015 se ha incumplido el objetivo legal de protección de la salud establecido para le ozono en medio centenar de las 135 zonas en que se divide el Estado español. Estas zonas se ubican en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, con un total de 21,7 millones de habitantes, cerca de la mitad de la población del Estado.

Entre ellas, las zonas más afectadas por la contaminación son Madrid y Castilla- La Mancha, así como el litoral mediterráneo desde Girona hasta Almería, donde se supera el objetivo octohorario para la protección de la salud humana fijado en 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire (μg/m3), que no deberá superarse en más de 25 días por cada año civil, de promedio en un periodo de tres años.

La Ley estatal de calidad del aire establece que las comunidades autónomas adoptarán planes de mejora de la calidad del aire para alcanzar los objetivos establecidos, en las zonas en las que los niveles de uno o más contaminantes regulados superen dichos objetivos, como es el caso del medio centenar de zonas indicadas. Se trata de una medida obligatoria para las autoridades autonómicas, por lo que Ecologistas en Acción está registrando formalmente peticiones para que las CCAA pongan en marcha los planes de reducción de ozono.

Estos planes deben pasar por la reducción del intenso tráfico urbano e interurbano que soportan las principales ciudades del Estado, manteniendo un modelo de ciudad compacta y promoviendo el uso de medios de transporte colectivos limpios así como no motorizados, como la bicicleta o la marcha a pie. Por otro lado, debe procederse al cierre progresivo de las grandes centrales térmicas, y sustituirse por energías renovables. Todo ello sin perjuicio de la necesaria coordinación entre comunidades autónomas, con el Gobierno central y con la Unión Europea.

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