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El Ayuntamiento de Madrid trabaja en un protocolo de buenas prácticas a favor de la construcción y rehabilitación sostenible.

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La Ciudad de Madrid está comprometida con la sostenibilidad en la construcción y rehabilitación de viviendas y, especialmente, en el ámbito de la promoción pública. La delegada de Urbanismo y Vivienda, Pilar Martínez, que intervino en el Congreso Mundial de Arquitectura que se celebra en Turín, presentó una ponencia en el marco de la mesa "Promoviendo la calidad de la vivienda social en el mundo". Aquí ha anunciado que el Gobierno de la capital española trabaja en un protocolo de buenas prácticas a favor de la construcción y rehabilitación sostenible en todos los proyectos municipales relacionados con la vivienda.

El Congreso, organizado por la Unión Internacional de Arquitectos y que se celebra cada tres años, ha analizado nuevas vías de desarrollo en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo, en esta ocasión bajo el lema "Transmitiendo arquitectura". La Ciudad de Madrid ha participado en dos ámbitos. Por una parte, con la exposición "Madrid in progress. Developing social housing", que mostró una selección de veinte actuaciones en materia de vivienda protegida de iniciativa municipal y, por otra, mediante la intervención en los foros de análisis sobre arquitectura y urbanismo, donde se enmarcó la ponencia presentada por Pilar Martínez.

La delegada de Urbanismo y Vivienda ha destacado, en primer lugar, el reconocimiento obtenido por los proyectos de vivienda social que lidera el Ayuntamiento de Madrid, poniendo como ejemplos el edificio El Mirador, de MVRDV, y la promoción Carabanchel 11, de Thom Mayne, que fueron seleccionados para exponerse en el MOMA de Nueva York, y La Casa de Bambú, de Alejandro Zaera, y el Ecobulevar de Vallecas, que se reproducirán en la Expo 2010 de Shangai. Para Pilar Martínez los resultados obtenidos acreditan que "Madrid es un buen ejemplo de la forma de abordar el diseño de la política social de vivienda", y subrayó que la legislación española prevé que de cada 100 viviendas nuevas al menos 30 deben contar con algún grado de protección pública, mientras que en Madrid ese porcentaje se eleva hasta el 50% en los nuevos desarrollos.

Hizo hincapié también en que las ciudades deben ocuparse de la vivienda teniendo en cuenta que no todas las necesidades son iguales, y señaló, en este sentido, que "la cuestión del acceso a la primera vivienda, en particular de los más jóvenes, es sólo una de las dimensiones del problema", y que "hay que redoblar los esfuerzos para ayudar a hacer cierto el derecho a disponer de una vivienda digna a lo largo de la vida de la persona, de la vida del hogar."

Diversificar los instrumentos de gestión

A partir de esta consideración, Pilar Martínez profundizó en la necesidad de diversificar los instrumentos de gestión de la política de vivienda social. "Es imposible –afirmó– atender exclusivamente con medios e instrumentos públicos la diversidad de situaciones planteadas. Es necesaria la cooperación intergubernamental desde el nivel local al nacional, incluyendo al regional. Es imprescindible que los ciudadanos y los agentes del mercado asuman la parte que les toca, cada uno según sus posibilidades".

A este respecto, la delegada destacó que el Gobierno de la Ciudad de Madrid tiene previsto promover 24.000 viviendas nuevas en esta legislatura, de las que 12.000 las desarrollará el sector privado y cooperativo. Al tiempo, puso de relieve la necesidad de combinar la construcción de vivienda nueva con la puesta en el mercado de vivienda vacía, empleando para ello líneas de subvención para rehabilitarlas y mecanismos que garanticen a los propietarios sus derechos y la conservación de sus casas.

"Hay que combinar el alquiler y la venta, en distintas modalidades, si se quiere atender necesidades tan distintas como la emancipación de los jóvenes, la formación de nuevas familias, el crecimiento del tamaño de los hogares, el envejecimiento de la población, la violencia de género, los procesos de ruptura de las familias o la atención a personas discapacitadas o con movilidad reducida", afirmó Pilar Martínez.

El criterio universalista de la política de vivienda permite, según manifestó la delegada, observar la política de vivienda social desde perspectivas nuevas, configurándose como instrumento y palanca para otras políticas, apoyo para otras metas y valores socialmente relevantes en las ciudades del siglo XXI: "La vivienda social ha de ser sostenible y servir a la sostenibilidad, ha de ser punta de lanza para la revitalización del centro urbano, debe apoyar los procesos de innovación, diseño y calidad en un sector clave para la competitividad económica de las grandes urbes, y ha de conectarse con la preocupación por el reequilibro territorial".

Rehabilitar, más barato y sostenible

En este capítulo, apuntó que "es más barato y sostenible rehabilitar que ocupar nuevos suelos y construir nuevos edificios", y anunció la puesta en marcha de proyectos de rehabilitación ecológica que reduzcan la producción de residuos, favorezcan el reciclaje de materiales, empleen técnicas constructivas respetuosas con el medio ambiente y den lugar a viviendas y edificios más saludables y que consuman menos energía. Asimismo, informó que se está trabajando en un protocolo de buenas prácticas a favor de la construcción y rehabilitación sostenible en todos los proyectos municipales relacionados con la vivienda, y que se continuará incorporando el I+D+i a las tecnologías de la construcción, así como líneas de intervención experimental, entre las que se encuentra el desarrollo de "comunidades sostenibles”.

Un ejemplo de buena praxis en esta materia lo constituye el proyecto de Villa Olímpica que, según detalló, contará con un diseño paisajístico que incorpora los elementos naturales del territorio, así como edificios con diseños bioclimáticos que utilizarán energías renovables, y materiales saludables y biocompatibles. Además, la Villa permanecerá como legado olímpico al convertir sus edificaciones en 2.720 viviendas sociales, residencias asistenciales y equipamientos públicos y privados para los madrileños.

Efecto demostración

Para Pilar Martínez, “la acción pública tiene que generar un efecto demostración, de tal modo que la preocupación por el diseño, la calidad y la sostenibilidad que los poderes públicos impulsan en sus intervenciones ha de trasladarse al sector de la construcción y rehabilitación de edificios". Porque, añadió, "la aplicación de nuevos materiales, de nuevas fórmulas constructivas, el replanteamiento de las tipologías de vivienda acorde con los nuevos estilos de vida, la incorporación de elementos que otorguen valor añadido al producto son claves para desarrollar un sector económico básico para la ciudad".

Finalmente, la delegada de Urbanismo y Vivienda se refirió al papel que pueden jugar las ciudades globales para encontrar soluciones en materia de medio ambiente, e hizo un llamamiento a los asistentes al Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos. "Desde su profesión y desde el gobierno de esas ciudades globales –concluyó– podemos con nuestras prácticas en el urbanismo, en la rehabilitación y en la construcción de viviendas sociales, proporcionar soluciones sostenibles y de calidad que generen efectos multiplicadores para mitigar los problemas ambientales".

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