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Presentadas las nuevas medidas andaluzas contra el cambio climático

Estas medidas fijarán nuevos límites a la contaminación por gases de efecto invernadero y se centrará en las denominadas 'emisiones difusas'.

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El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Andaluz, José Fiscal, ha presentado al Consejo de Gobierno un informe sobre las medidas que lleva a cabo la Junta de Andalucía para combatir los efectos del cambio climático en la región.

Fiscal ha recordado que la Junta desarrolla desde 2002 políticas de mitigación para disminuir las emisiones de efecto invernadero y políticas de adaptación dirigidas a minimizar sus consecuencias en el territorio andaluz, considerado una de las zonas más vulnerables de Europa. La nuevas medidas se consolidarán con su plasmación jurídica en la futura a Ley Andaluza de Cambio Climático, cuyo anteproyecto ha superado ya el trámite de información pública.

La norma fijará nuevos límites a la contaminación por gases de efecto invernadero y se centrará sobre todo en las denominadas 'emisiones difusas', hasta ahora reguladas de forma insuficiente al no estar sujetas al Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión. Para ellas, que suponen un 55% de la contaminación vinculada al cambio climático en la comunidad, se fija el objetivo básico de no rebasar en 2020 el nivel registrado en 2005 de 4,13 toneladas equivalentes de CO2 por habitante y año.

El proyecto establece techos de emisiones por periodos de seis años para los distintos sectores que generan este tipo de contaminación difusa, fundamentalmente el agrario, el transporte, el residencial y el comercial e institucional, así como la gestión de residuos, los gases fluorados y aquellas actividades industriales que quedan fuera de la regulación europea. Estos límites, denominados "presupuestos de carbono", serán revisables por el Consejo de Gobierno en función de los compromisos que puedan adquirirse en el ámbito internacional, de las disminuciones logradas o de los impactos económicos y sociales de las medidas previstas.

Para facilitar el cumplimiento de los fines planteados, el anteproyecto incluye, entre otras novedades, la creación de un sistema de compensación de emisiones de efecto invernadero en el sector privado; la regulación de las medidas para incrementar la superficie de los denominados sumideros naturales de CO2 (fundamentalmente espacios forestales que absorben este tipo de gas); la obligación de incorporar a la planificación sectorial la consideración del impacto de cambio climático, y la integración de todo el conocimiento científico generado sobre el fenómeno en los centros de investigación andaluces.

Sistema pionero

La primera de estas medidas se concreta en la consolidación del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), un instrumento pionero en España que facilitará la participación en la lucha contra el cambio climático de todos aquellos establecimientos e instalaciones que no se incluyen en el Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión. El SACE se aplicará una vez esté elaborado el reglamento de desarrollo de la ley, previsiblemente dentro de dos años desde su entrada en vigor, y tendrá dos regímenes, uno obligatorio y otro voluntario. Este último, existente desde 2009, cuenta con medio centenar de empresas adheridas.

La Junta ha sido la primera administración autonómica en disponer de sus propios estudios sobre vulnerabilidad e impactos del cambio climático en los recursos y sectores socioeconómicos, que constituyen la base de las medidas del Programa de Adaptación, aprobado en 2010. Entre otras medidas de adaptación, destacan la incorporación de escenarios de clima futuro a la planificación hidrológica; el estudio de la incidencia de los cambios de temperatura y precipitaciones sobre la agricultura, y la implantación de sistemas de alerta temprana de situaciones de riesgo como olas de calor o enfermedades transmitidas por especies adaptadas a las nuevas condiciones climáticas.

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