Lograr un alumbrado público eficiente y sostenible es el objetivo que hasta ahora ha primado en la conservación y mantenimiento del encendido público de la ciudad de Madrid. Cualificar el espacio público mediante un iluminado, no sólo energéticamente más eficiente, sino también comprometido con el medio ambiente, es la finalidad del nuevo contrato, cuyo gasto de 113.599.760 euros ha aprobado el Gobierno municipal. Tiene una duración de cuatro años, la posibilidad de prorrogarlo otros dos más y una única zona de conservación.
Madrid, gracias al trabajo realizado hasta ahora, forma parte del grupo de grandes urbes del mundo que lideran las políticas más avanzadas y comprometidas en cuanto a la mejora de su alumbrado público.
Está afirmación está avalada con datos: en la capital existen algo más de 250.000 puntos de luz, de los que el 90,2% son lumínicamente menos contaminantes; además, el 99% de las lámparas instaladas son las más eficientes del mercado, lo que ha supuesto que 905 toneladas de CO2 hayan dejado de liberarse anualmente a la atmósfera.
El nuevo contrato, además de la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público inventariadas, a las que destinan 85,8 millones de euros, tiene reservada una partida de 27,7 millones de euros para renovar y adaptar las instalaciones a la normativa vigente en materia de seguridad, sustituir globos y ejecutar las instalaciones temporales en apoyo a actividades culturales.
De hecho, el Ayuntamiento ha sustituido ya más de 48.500 faroles sin control del flujo luminoso de las calles de ciudad, y sólo quedan un 9,8% por cambiar. Una política decidida en favor del medio ambiente que se completa con la aplicación de criterios mucho más exigentes en cuanto a la emisión del flujo al hemisferio superior que los recomendados por otros organismos nacionales e internacionales: un 5% el Ayuntamiento, frente al 25% de la Comisión Internacional de Alumbrado-CIE y del Comité Español de Iluminación CEI.
Operaciones de conservación
Entre las actuaciones contempladas en la conservación y mantenimiento del alumbrado público destacan el encendido y apagado diario; el control de la energía consumida y la lectura de contadores; la revisión de las instalaciones en horario de encendido, con el fin de detectar puntos de luz fuera de servicio; la comprobación de los equipos eléctricos situados en el interior de las luminarias; el registro de la iluminación que proporciona antes y después de efectuar operaciones de limpieza o reposición; o la revisión de todas aquellas instalaciones sometidas a actos vandálicos.
De forma periódica se realizan comprobaciones y mediciones con el fin de establecer el correcto flujo luminoso en las lámparas, calibrar la células y relojes, mantener un correcto grado de limpieza y realizar mediciones de tierras, aislamientos y rigidez dieléctrica, así como de tensiones, intensidades, potencias, etcétera.
El contrato, por último, comprende también aspectos clave en el funcionamiento del alumbrado público, como las reparaciones de averías, o las operaciones de reposición de lámparas o cualquier otro elemento que quede fuera de servicio.