El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Plan de Contratación Pública Ecológica (CPE) de la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, para el periodo 2018-2025. Los objetivos de este Plan son promover la adquisición por parte de la administración pública de bienes, obras y servicios con el menor impacto medioambiental posible, servir como instrumento de impulso de la Estrategia Española de Economía Circular, baja en carbono, eficiente en recursos, sin residuos, no contaminante y eco-innovadora, y apoyar con medidas concretas para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La propuesta de este Plan ha sido realizada conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio para la Transición Ecológica.
La contratación pública ecológica introduce criterios para la selección de empresas que dispongan de un sistema de gestión ambiental adherido al Sistema comunitario de ecogestión y ecoauditoría, conocido como EMAS, y valorar la vida útil larga de la compra a realizar, en detrimento de aquellos productos con obsolescencia programada.
A través de la contratación verde, la Administración podrá reducir su huella de carbono, y al mismo tiempo adquirir bienes, servicios o productos con la menor huella de carbono a su vez. Entre los objetivos de este plan está el servir como instrumento de impulso de la Estrategia Española de Economía Circular. La contratación pública ecológica es también un instrumento idóneo para promover e implementar diversas políticas y estrategias ambientales de la Unión Europea.
Objetivos mínimos de criterios ecológicos
Los departamentos ministeriales, los organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social, establecerán en el plazo de un año desde la publicación en el BOE del presente plan, un marco de actuación en el que se establezcan objetivos mínimos de incorporación de criterios ecológicos en los contratos formalizados en el periodo de duración del plan.
Este plan tendrá una vigencia de siete años y, a partir de esta fecha, se procederá a su revisión. También se podrá proceder a la revisión y actualización del plan cuando así lo acuerde la Comisión Interministerial (regulada por el Real Decreto 6/2018, de 12 de enero).