El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. El texto introduce nuevas deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), modifica la Ley de Propiedad Horizontal y crea una línea de avales para la la financiación de reformas que contribuyan a la eficiencia energética, entre otras cuestiones.
La norma convalidada supone un revulsivo para el sector de la rehabilitación y para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, ya que habilita los mecanismos necesarios para impulsar las obras de mejora de eficiencia energética y accesibilidad en edificios residenciales, la regeneración de entornos urbanos y la digitalización e innovación de las viviendas con, por ejemplo, el refuerzo del aislamiento, el cambio de ventanas, la instalación de ascensores, la eliminación de barreras arquitectónicas, o la regeneración de entornos urbanos.
El pasado 5 de octubre el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 853/2021 mediante el cual se movilizan gran parte de los 3.420 millones de euros con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) destinados a la rehabilitación residencial a nivel barrio, edificio y vivienda, cifra que incluye 450 millones para las deducciones fiscales del RDL, y el programa de 1.000 millones para la construcción de 20.000 viviendas en alquiler social. En total, los dos textos movilizan 5.520 millones de euros para ayudar a garantizar el derecho a acceder a una vivienda digna y a un entorno urbano sostenible.
Deducciones por obras que mejoren la eficiencia energética
En cuanto a la recuperación de los incentivos fiscales por obras en vivienda habitual, el Real Decreto-Ley introduce un esquema de deducciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) condicionado al presupuesto invertido en las reformas y la reducción de consumo energético alcanzado. El presupuesto inicial se ha fijado en los 450 millones de euros y se financiarán con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea.
En particular, se introducen tres deducciones: del 20% por actuaciones que reduzcan un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en vivienda habitual; del 40% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación energética alcanzando las letras A o B en vivienda habitual, y del 60% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación energética alcanzando las letras A o B en edificios residenciales.
Estas bonificaciones llegan, respectivamente, hasta un máximo de 5.000, 7.500 y 15.000 euros por vivienda.
Acceso a financiación bancaria
El texto también articula las medidas para facilitar el acceso a la financiación bancaria a los propietarios, usufructuarios y comunidades de vecinos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Así, el Real Decreto Ley autoriza al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a firmar un convenio de hasta 20 años con el Instituto de Crédito Oficial para desarrollar una línea de avales por un máximo de 1.100 millones. La idea es ofrecer una cobertura parcial para que las entidades de crédito puedan ofrecer financiación en forma de préstamo con un plazo de devolución de hasta 15 años. A esta línea de avales podrán acceder los propietarios o comunidades de propietarios que vayan a acometer obras de rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética de sus viviendas o edificios.
Asimismo, se refuerza la capacidad de las comunidades de propietarios para llevar a cabo obras de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética, rebajando a mayoría simple el respaldo necesario para aprobar las actuaciones de rehabilitación y solicitar financiación y ayudas públicas.
También se ha reforzado la capacidad de actuación de dichas comunidades para el acceso al crédito de cara a ejecutar las mejoras de los edificios a través de una modificación del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre), con objeto de que tengan plena capacidad jurídica para formalizar los créditos a la rehabilitación y así favorecer su acceso a la financiación.