El Parlamento Europeo ha dado luz verde a la nueva Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa, acordada con el Consejo Europeo, que exige a las empresas y a sus socios en toda la cadena de suministro que eviten, pongan fin o reduzcan su impacto negativo sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Entre estas repercusiones figuran la esclavitud, el trabajo infantil, la explotación laboral, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la destrucción del patrimonio natural.
La propuesta de la Comisión presentada el 23 de febrero de 2022 complementa otros actos legislativos existentes y futuros, como el Reglamento sobre la deforestación, el Reglamento sobre minerales de guerra y el Reglamento por el que se prohíben los productos fabricados con trabajo forzoso.
Plan de transición que cumpla con el Acuerdo de París
Las normas se aplicarán a las empresas y matrices con más de 1.000 empleados y un volumen de negocios mundial superior a 450 millones de euros. También quedarán cubiertas las empresas con acuerdos de franquicia o licencia en la UE que conlleven una identidad corporativa común con una facturación superior a 80 millones de euros si al menos 22,5 millones proceden de los cánones.
Las empresas de fuera de la Unión Europea, matrices y las compañías con acuerdos de franquicia o licencia en la UE que alcancen esos umbrales de facturación en la UE también quedarán cubiertas.
Estas compañías tendrán que integrar la diligencia debida en sus políticas, realizar las inversiones pertinentes, pedir garantías contractuales a sus socios, mejorar su plan de negocio o prestar apoyo a las pymes con las que trabajan para asegurarse de que cumplen las nuevas obligaciones. También tendrán que adoptar un plan de transición para que su modelo de negocio se alinee con el límite de calentamiento global de 1,5 °C establecido en el Acuerdo de París.
Red Europea de Autoridades de Control
Los Estados miembros deberán facilitar a las empresas información detallada en línea sobre sus obligaciones en materia de diligencia debida a través de portales prácticos que contengan las directrices de la Comisión Europea. También crearán o designarán una autoridad de control encargada de investigar e imponer sanciones a las empresas que incumplan la normativa. Estas incluirán la denuncia pública y multas de hasta el 5% de su facturación mundial neta.
La Comisión Europea creará la Red Europea de Autoridades de Control para apoyar la cooperación y permitir el intercambio de buenas prácticas. Las empresas serán responsables de los daños causados por el incumplimiento de sus obligaciones de diligencia debida y tendrán que indemnizar íntegramente a las víctimas.
Aplicación de la normativa a empresas
La Directiva debe ser aprobada formalmente por el Consejo Europeo, firmada por los colegisladores y publicada en el Diario Oficial de la UE. Entrará en vigor 20 días después. Los Estados miembros tendrán dos años para incorporar las nuevas normas a sus legislaciones nacionales.
La nueva normativa se aplicará gradualmente a las empresas de la Unión Europea y a las de fuera que alcancen los umbrales de facturación indicados en la UE. A partir de 2027 para las empresas con más de 5.000 empleados y un volumen de negocios mundial superior a 1.500 millones de euros; a partir de 2028 para las empresas con más de 3.000 empleados y un volumen de negocios global de 900 millones de euros o más; a partir de 2029 para el resto de empresas incluidas, aquellas con más de 1.000 empleados y un volumen mundial de negocios superior a 450 millones de euros.