La Comisión Europea ha adoptado un nuevo paquete de propuestas para simplificar las normas sobre sostenibilidad e inversiones de la UE. Estos primeros paquetes ‘ómnibus’, que reúnen propuestas en varios ámbitos legislativos relacionados, abarcan una simplificación de gran alcance en los ámbitos de la presentación de informes sobre finanzas sostenibles, la debida diligencia en materia de sostenibilidad, la taxonomía de la UE, el mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono y los programas de inversión europeos.
Estas propuestas reducirán la complejidad de los requisitos de la UE para todas las empresas, en particular las pymes y las pequeñas empresas de mediana capitalización. El marco regulatorio se centrará en las empresas más grandes que probablemente tengan un mayor impacto en el clima y el medio ambiente, al tiempo que permitirán a las empresas acceder a financiación sostenible para su transición limpia.
El objetivo de la Comisión Europea es reducir al menos el 25% de las cargas administrativas y al menos el 35% para las pymes hasta el final de este mandato. Se estima que las propuestas puedan generar un ahorro total en costes administrativos anuales de alrededor de 6.300 millones de euros y movilizar una capacidad de inversión pública y privada adicional de 50.000 millones de euros para apoyar las prioridades políticas.
Informes de sostenibilidad más accesibles y eficientes
Uno de los principales cambios en el ámbito de la información sobre sostenibilidad es que se eliminará alrededor del 80% de las empresas del ámbito de aplicación de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD), centrando las obligaciones de presentación de informes de sostenibilidad en las empresas más grandes. Además, se aplazará por dos años (hasta 2028) los requisitos de información para las empresas que actualmente están en el ámbito de aplicación de la CSRD y que deben informar a partir de 2026 o 2027.
Por otro lado, se simplificarán los requisitos de diligencia debida en materia de sostenibilidad para que las empresas incluidas en el ámbito de aplicación eviten complejidades y costes innecesarios, por ejemplo, centrando los requisitos sistemáticos de diligencia debida en los socios comerciales directos; y reduciendo la frecuencia de las evaluaciones periódicas y el seguimiento de sus socios de anual a cinco años, con evaluaciones ad hoc cuando sea necesario.
Además, se reducirán las cargas y los efectos de goteo para las pymes y las pequeñas empresas de mediana capitalización limitando la cantidad de información que las grandes empresas pueden solicitar como parte del mapeo de la cadena de valor. También se dará más tiempo a las empresas para que puedan prepararse para cumplir con los nuevos requisitos posponiendo la aplicación de los requisitos de diligencia debida en materia de sostenibilidad para las empresas más grandes por un año (hasta el 26 de julio de 2028), al tiempo que adelanta la adopción de las directrices por un año (hasta julio de 2026).
Simplificar el mecanismo de ajuste fronterizo del carbono
Los principales cambios en el mecanismo de ajuste fronterizo de carbono (CBAM) para un comercio más justo serán: eximir de las obligaciones de la CBAM a los pequeños importadores, en su mayoría pymes y particulares; simplificar las normas para las empresas que permanecen dentro del ámbito de aplicación del CBAM; y hacer que el CBAM sea más eficaz a largo plazo, fortaleciendo las normas para evitar la elusión y el abuso.
La Comisión Europea también propone una serie de modificaciones para simplificar y optimizar el uso de varios programas de inversión, incluidos InvestEU, el FEIE y los instrumentos financieros tradicionales. Para ello se propone aumentar la capacidad de inversión de la UE mediante el uso de los rendimientos de las inversiones anteriores; facilitar a los Estados miembros la contribución al programa y el apoyo a sus propias empresas y la movilización de inversiones privadas; y simplificar los requisitos administrativos para sus socios ejecutores, intermediarios financieros y destinatarios finales, en particular las pymes. Se espera que las medidas de simplificación propuestas generen un ahorro de costes de 350 millones de euros.