La Junta de Extremadura ha anunciado la elaboración de un censo preliminar de amianto en la región. Este censo se materializará en un mapa interactivo que estará disponible de forma gratuita para todos los ayuntamientos, con el objetivo de facilitar la localización del amianto en edificios públicos y privados.
El amianto era un material recurrente en la construcción por sus propiedades aislantes y de durabilidad, pero su uso quedó prohibido en 2002 debido a los riesgos que representa para la salud y el medio ambiente. Aunque hace más de dos décadas que dejó de emplearse, muchas edificaciones aún contienen este material, lo que hace necesaria una gestión y retirada adecuada.
Con la entrada en vigor de la Ley 7/2022, España debe cumplir con el requerimiento de la Comisión Europea y desarrollar censos municipales de amianto. Estos registros han de identificar la ubicación de este material y establecer una hoja de ruta para su retirada, atendiendo especialmente a los lugares con mayor peligro y exposición de personas vulnerables.
Mapa interactivo y plataforma digital
El mapa digital será elaborado por el Centro de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura (Cictex), utilizando imágenes procedentes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. Según los desarrolladores, se estima una fiabilidad inicial del 70% en la localización de posibles emplazamientos con amianto.
Por otro lado, se está creando una plataforma digital para que los ayuntamientos puedan incorporar y actualizar información sobre sus propios censos de amianto. Esto forma parte del IX Plan de Prevención de Riesgos Laborales 2024-2027, y facilitará a los municipios, especialmente a los que cuentan con menos recursos técnicos, complementar los datos recogidos en el mapa mediante evaluaciones presenciales.
La Junta de Extremadura también impulsará campañas informativas dirigidas a la ciudadanía para aumentar la sensibilización sobre los riesgos asociados al amianto. La colaboración entre administración y población será fundamental para mejorar la identificación de este material en diferentes entornos. Además, se han aprobado ayudas económicas que cubrirán hasta el 85% del coste asociado a la retirada y gestión de residuos de amianto en centros de trabajo, con un límite máximo de 20.000 euros por empresa.
Una vez que los ayuntamientos hayan completado y verificado sus censos, éstos se enviarán a la dirección de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, quien a su vez trasladará la información recopilada a la Comisión Europea con el objetivo de analizar las necesidades de financiación para las labores de retirada.