El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) ha iniciado el proceso de audiencia pública sobre el Proyecto de Real Decreto que regulará el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el cual permitirá alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas para su puesta en marcha. El plan contempla cinco líneas de actuación: incremento del parque de vivienda asequible, rehabilitación y mejora del parque construido, impulso a la emancipación juvenil, reducción del esfuerzo financiero de los hogares para acceder a una vivienda, y reversión de zonas de mercado tensionado. Las aportaciones podrán realizarse hasta el 7 de octubre de 2025.
Este proceso de audiencia pública permite a la ciudadanía y a los agentes implicados en el ámbito de la vivienda participar activamente en la elaboración del plan, mediante la presentación de observaciones y propuestas. El proyecto normativo regula los instrumentos de financiación y ayudas estatales que se implementarán en colaboración con las administraciones autonómicas, conforme a los artículos 23 y 24 de la Ley por el Derecho a la Vivienda.
Objetivos y distribución de la inversión
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contará con un presupuesto de 7.000 millones de euros. Una característica destacada es que el 60% de la financiación será aportada por el Estado y el 40% por las comunidades autónomas, según el reparto definido en la Constitución.
Entre los principales propósitos de este plan figuran: aumentar el número de viviendas asequibles protegidas permanentemente, impulsar la rehabilitación bajo criterios de eficiencia y accesibilidad, reducir la edad promedio de emancipación juvenil, minorar el esfuerzo financiero necesario para acceder a una vivienda, y revertir la situación de las zonas consideradas como mercados tensionados.
Líneas estratégicas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030
Frente a los desafíos persistentes en materia de vivienda, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 establece diversas líneas de financiación que buscan dar respuesta a los retos del acceso a la vivienda en España. Una de las principales novedades es la asignación del 40% de los recursos a incrementar la oferta de vivienda protegida de forma permanente, lo que supone una medida pionera dentro del territorio nacional y un claro avance respecto a la inversión anterior, incluso superando a los fondos Next Generation EU.
En este ámbito, se recuperan ayudas destinadas a la construcción de viviendas de protección oficial (VPO), eliminadas durante la pasada legislatura. Como elemento diferenciador, estas nuevas ayudas garantizan que la protección de las viviendas sea permanente, asegurando así que sigan orientadas al interés general a largo plazo.
La segunda gran línea del plan destina el 30% de sus fondos a la rehabilitación del parque edificatorio ya existente, con el propósito de dignificar viviendas, edificios y entornos urbanos. Estas ayudas están dirigidas a mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética, promoviendo intervenciones que permitan reducir hasta un 30% el consumo de energía primaria no renovable en más de 260.000 viviendas. Se contempla, además, la consolidación de programas que han demostrado su eficacia en la mejora de la sostenibilidad y el confort de las viviendas, como la rehabilitación en zonas con protección patrimonial o la puesta en el mercado de viviendas vacías mediante alquiler asequible.
La emancipación de los jóvenes también figura entre los ejes prioritarios. En este sentido, el plan establece varias líneas de apoyo: ayudas al alquiler, ayudas al alquiler con opción a compra de vivienda protegida, con un máximo de hasta 30.000 euros, subvenciones para la adquisición de viviendas en municipios afectados por el riesgo demográfico superiores a 10.800 euros y un aval joven específico para facilitar el acceso al alquiler.
Por otro lado, el plan prevé medidas para disminuir la tasa de esfuerzo financiero de los hogares, ofreciendo subvenciones para alquiler general, con especial atención a personas en situación de vulnerabilidad, y fijando que, en cualquier caso, no será necesario destinar más del 30% de los ingresos al pago de la vivienda. Finalmente, se impulsan políticas específicas para la contención y reducción de precios en las denominadas zonas de mercado tensionado, con el objetivo de revertir las dinámicas que dificultan el acceso a la vivienda en estas áreas urbanas y rurales.