El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 ha recibido el respaldo unánime de todas las comunidades y ciudades autónomas para la distribución final de sus fondos, con una inversión prevista de 7.000 millones de euros. El acuerdo se alcanzó la semana pasada en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana.
El nuevo marco movilizará 800 millones de euros en la anualidad de 2026 y eleva hasta 4.200 millones la financiación estatal para el periodo 2026-2030. A esa cantidad se sumará una financiación mínima autonómica de 2.800 millones, de acuerdo con el modelo de corresponsabilidad previsto en el plan.
Distribución territorial de los fondos del Plan Estatal de Vivienda
La distribución territorial para 2026 asigna 136,8 millones de euros a Andalucía, 127,2 millones a la Comunidad de Madrid, 116 millones a Cataluña y 91,2 millones a la Comunidad Valenciana. Galicia recibirá 45,6 millones, Castilla y León 43,2 millones, Canarias 42,4 millones, la Región de Murcia 35,2 millones, Castilla-La Mancha 32 millones y Aragón 30,4 millones.
El reparto de la anualidad de 2026 se completa con 26,4 millones para Asturias, 24 millones para Extremadura, 19,2 millones para Baleares, 15,2 millones para Cantabria, 13,6 millones para La Rioja y 800.000 euros para Ceuta y Melilla, respectivamente. En el conjunto del periodo 2026-2030, la financiación estatal prevista asciende a 718,2 millones para Andalucía, 667,8 millones para Madrid, 609 millones para Cataluña y 478,8 millones para la Comunidad Valenciana.
También figuran 239,4 millones de financiación estatal para Galicia, 226,8 millones para Castilla y León, 222,6 millones para Canarias, 184,8 millones para la Región de Murcia, 168 millones para Castilla-La Mancha, 159,6 millones para Aragón, 138,6 millones para Asturias, 126 millones para Extremadura, 100,8 millones para Baleares, 79,8 millones para Cantabria, 71,4 millones para La Rioja y 4,2 millones para Ceuta y Melilla en cada caso.
Corresponsabilidad, rehabilitación y vivienda protegida
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas y fija una financiación compartida en la que el Gobierno de España aportará el 60% y las autonomías el 40% restante. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana señala que la redacción final se ha elaborado tras 28 reuniones con las comunidades autónomas y encuentros con entidades, agentes sociales y expertos. En ese proceso se recibieron 365 aportaciones, que fueron analizadas e incorporadas a la versión definitiva del plan.
La inversión total se orientará a tres grandes líneas: al menos un 40% de los recursos se destinará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque residencial existente y el 30% restante a medidas de protección para colectivos y territorios con mayores necesidades.
El plan incorpora mecanismos para asegurar la protección permanente de las viviendas construidas con estos fondos. También prevé una cláusula antifraude dirigida a reforzar la transparencia en las adjudicaciones de vivienda protegida.
Además, el programa incluye actuaciones para favorecer la cohesión territorial y plantea el desarrollo de un sistema de datos públicos. Este instrumento busca facilitar el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente sobre vivienda.