La Renovate Europe Campaign, de la que Efficient Buildings Europe forma parte como socio, ha lanzado junto a otras nueve organizaciones un nuevo estudio sobre los Planes Nacionales de Renovación de Edificios (PNRE) con foco en seis países europeos: Bélgica-Valonia, Dinamarca, Portugal, España, Rumanía y Bulgaria. Cada país muestra prácticas prometedoras, desde esquemas de financiación diversificados en España y ventanillas únicas a nivel nacional en Rumanía hasta la integración del carbono en el ciclo de vida en Dinamarca y modelos integrados de rehabilitación en Valonia. Los resultados destacan que estos Estados miembros se han fijado objetivos prometedores y que las tecnologías necesarias ya están disponibles. Ahora, la atención se centra en la implementación. Fortalecer los marcos de ejecución, las vías de inversión y la gobernanza será fundamental para convertir la ambición en acción.
El pasado 30 de mayo de 2026 finalizó el plazo para que los países de la UE transpongan las nuevas normas de la Directiva revisada sobre eficiencia energética de los edificios (EPBD), y los Planes Nacionales de Renovación de Edificios son clave para convertir los objetivos climáticos y energéticos de Europa en resultados concretos.
Junto con EURIMA, European Environmental Bureau, Climate Action Network Europe, Environmental Coalition on Standards, EU.bac, EUROGYPSUM, European Heat Pump Association, Glass for Europe, PU Europe y Renovate Europe, se ha publicado el estudio ‘El reto de la implementación de los PNRE‘, elaborado por Climact. El documento analiza el papel de estos planes en la renovación del parque edificado y en el cumplimiento de los objetivos energéticos y climáticos de la Unión Europea.
Planes Nacionales de Renovación de Edificios y EPBD
El estudio examina seis borradores o planes nacionales —Bélgica-Valonia, Bulgaria, Dinamarca, Portugal, Rumanía y España— para comprobar no solo si cumplen formalmente con el marco europeo, sino si están preparados para convertir objetivos climáticos en inversiones, actuaciones de rehabilitación y resultados medibles.
Todos los planes asumen metas de descarbonización a largo plazo alineadas con la EPBD revisada. Sin embargo, la dificultad aparece cuando esas metas deben transformarse en ritmos anuales de rehabilitación, prioridades por tipo de edificio, financiación estructurada, formación de profesionales, ventanillas únicas y señales regulatorias claras para el mercado.
Los seis planes se examinan en 19 temas agrupados en cinco bloques: objetivos y regulación; arquitectura de ejecución y capacidad de implementación; financiación y atractivo político; solidez social; y calidad a largo plazo, incluida la huella de carbono de ciclo de vida (ACV) y la resiliencia climática. Cada tema se puntúa de 0 a 3 en ocho dimensiones, desde la explicitud hasta la evaluabilidad. El umbral de 2,0 se considera el nivel mínimo para considerar que un plan está preparado para su implementación.
Los resultados muestran un avance importante, pero todavía insuficiente. Ninguno de los seis planes alcanza el umbral de 2,0. España queda en cabeza con 1,93 puntos, seguida de Rumanía con 1,72 y Bélgica-Valonia con 1,63. Dinamarca obtiene 1,31, Bulgaria 1,09 y Portugal 0,79. El informe subraya además que estas puntuaciones reflejan exclusivamente el contenido recogido en los PNRE analizados y no necesariamente el grado de madurez de las políticas nacionales existentes fuera de esos documentos.
La diferencia entre países no reside tanto en la dirección estratégica como en la capacidad de organizar la ejecución. España y Rumanía son los únicos planes que publican trayectorias de renovación residencial cuantificadas con alto grado de detalle. En cambio, cuatro de los seis planes no convierten de forma consistente los objetivos de 2030, 2040 o 2050 en tasas anuales de rehabilitación, superficies a renovar o niveles de profundidad de las intervenciones.
El informe identifica un patrón repetido: los planes describen hacia dónde ir, pero no siempre cómo llegar. Siguen faltando sistemas integrados que conecten regulación, financiación, capacitación profesional, asistencia técnica, acompañamiento a los hogares y seguimiento de resultados. Esta brecha tiene consecuencias directas para el mercado. La industria carece de señales suficientemente claras sobre la futura demanda de soluciones industrializadas y rehabilitaciones profundas; las entidades financieras encuentran dificultades para estructurar carteras de proyectos; y los sistemas de formación profesional no disponen de información suficiente para adaptar su oferta a las necesidades reales del sector.
También se detectan vacíos técnicos. El rendimiento de los acristalamientos obtiene una media de solo 0,46 sobre 3. La operacionalización de sistemas técnicos y de automatización de edificios, incluidos BACS o TBS, alcanza 1,10. La cuantificación de beneficios múltiples —salud, confort, reducción de pobreza energética o productividad— apenas llega a 1,08. España es el único país que incorpora una evaluación ex ante de beneficios múltiples mediante MICATool.
El PNRE español es el más completo
Una de las principales conclusiones del estudio es que las soluciones necesarias ya existen, aunque aparecen dispersas entre distintos países. Bélgica-Valonia dispone de una arquitectura avanzada de ventanillas únicas con tres niveles de servicio: información, acompañamiento personalizado y gestión delegada. Además, fija criterios de cobertura territorial, como una ventanilla por cada 80.000 habitantes y acceso en menos de 90 minutos. Rumanía destaca por haber desarrollado una red nacional de 42 oficinas de ventanilla única con respaldo legal y una planificación detallada de costes e implantación.
España sobresale en financiación. El plan combina certificados de ahorro energético, hipotecas verdes, préstamos no garantizados, sistemas de garantía, coinversión y productos aún en diseño como modelos tipo PACE, financiación en factura y mecanismos HEVA. El PNRE español es el más completo y cuantificado de los seis planes analizados. Articula una trayectoria retrospectiva completa hasta 2050 (17,8 millones de viviendas acumuladas, punto final de 22 kWh/m²); un plan de inversión de 39.350 millones de euros para el periodo 2026-2030, de los cuales 11.310 millones procederían de fondos públicos y 28.040 millones del sector privado; un conjunto diversificado de instrumentos de financiación único entre los seis planes y una sólida arquitectura para hogares vulnerables.
Rumanía aporta un sobretotal de inversión de 122.000 a 125.000 millones de euros hasta 2050 y unos 31.000 millones hasta 2030, con una línea específica para costes habilitadores como ventanillas únicas, asistencia técnica y hogares vulnerables. En Bulgaria, su Fondo Nacional de Descarbonización se plantea como vehículo central para rehabilitación profunda, con un piloto que mezcla hasta un 49,9% de subvenciones con préstamos y garantías. También cuenta con una definición legal de pobreza energética y seguimiento anual: 1,83 millones de personas, equivalentes al 28,47% según el indicador nacional.
Dinamarca sobresale en carbono de ciclo de vida. Su regulación BR18 ya incorpora valores obligatorios de emisiones de carbono de ciclo completo por tipo de edificio, incluidas emisiones de transporte y obra, con endurecimientos previstos para 2027 y 2029. Es el único caso analizado con un marco vinculante de LCA plenamente operativo.
Financiación, pobreza energética y mercado laboral
La financiación aparece como uno de los grandes puntos de divergencia. España obtiene 2,21 en este bloque, mientras Portugal se queda en 0,96 al no haber cuantificado todavía el volumen total de inversión ni el reparto previsto entre financiación pública y privada. Bélgica-Valonia sí estima 110.000 millones de euros hasta 2050, pero el desglose de recursos públicos y privados sigue incompleto.
La capacidad laboral aparece como otro de los grandes desafíos comunes. España estima la necesidad de incorporar alrededor de 700.000 trabajadores adicionales para responder a los objetivos de rehabilitación. Bélgica-Valonia calcula más de 64.000 nuevos empleos directos; Bulgaria prevé aumentar su fuerza laboral un 25%; Rumanía apunta a la recualificación de más de 160.000 trabajadores; y Portugal identifica necesidades cercanas a los 80.000 profesionales. Sin embargo, ninguno de los planes transforma estas necesidades en objetivos anuales de formación claramente definidos por perfiles profesionales, regiones o tecnologías.
En el plano social, el informe reconoce avances, pero alerta de lagunas. España cuenta con una arquitectura de 3.000 millones de euros para hogares vulnerables, cinco subacciones, una meta de reducción del 21,88% de la vulnerabilidad energética y pago directo a contratistas para evitar que los hogares sin liquidez tengan que adelantar dinero. Bélgica-Valonia propone el mecanismo de loyer chaud, que combina límites a renta y costes energéticos para evitar subidas injustificadas tras la renovación.
El mercado del alquiler sigue siendo uno de los puntos más débiles. Cinco de los seis planes identifican los incentivos divididos entre propietarios e inquilinos, pero no adoptan instrumentos vinculantes suficientes, como contratos verdes, topes de repercusión de costes o mecanismos condicionados de subida de renta. Portugal no incluye todavía salvaguardias sociales operativas contra desplazamientos o aumentos de alquiler.
El informe considera además que los edificios públicos siguen infrautilizados como herramienta para impulsar la demanda de rehabilitación profunda y acelerar la transformación del mercado.
Recomendaciones para convertir los PNRE en herramientas operativas
El documento concluye que los PNRE finales deben dar un salto de calidad sin rediseñarse por completo. La primera prioridad es traducir los objetivos estratégicos en trayectorias operativas concretas, con tasas anuales de renovación, niveles de profundidad de las actuaciones y prioridades claras por segmentos de edificios. La segunda es construir sistemas de entrega integrados, con financiación combinada, agregación de proyectos, ventanillas únicas, asistencia técnica y capacidades profesionales.
La tercera prioridad es reforzar los marcos sociales y regulatorios mediante estándares mínimos de eficiencia, definiciones claras de edificios de cero emisiones, protección efectiva para hogares vulnerables y soluciones específicas para el mercado del alquiler. También requiere integrar rehabilitación, descarbonización de calefacción, redes de distrito, soluciones individuales y planificación local, especialmente mediante enfoques de barrio.
El estudio también reclama una mayor coordinación europea. Asimismo, identifica fortalezas distribuidas entre distintos Estados miembros: España sobresale en financiación y protección social; Rumanía en regulación y ventanillas únicas; Bélgica-Valonia en acompañamiento y resiliencia; Dinamarca en carbono de ciclo de vida; y Bulgaria en pobreza energética y cualificación profesional.
El reto, concluyen los autores, consiste ahora en combinar estas experiencias para que los PNRE se conviertan en auténticas hojas de ruta capaces de acelerar la transformación del parque edificatorio europeo.