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La Xunta redacta una normativa que define los mecanismos de admisión, control y vigilancia de la explotación de vertederos en Galicia.

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La Consejería gallega de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas ha elaborado una orden que regulará la construcción y la gestión de los vertederos de Galicia. El objetivo es garantizar que la construcción del vertedero se realice con el menor coste ambiental. Además, esta normativa ya publicada en el Diario Oficial de Galicia establece mecanismos para el control de la admisión de residuos y el control y vigilancia de la fase de explotación, y regula el régimen de la clausura y mantenimiento de postclausura.

Esta orden  evitará la pérdida de residuos valorizables en Galicia, adecuando las autorizaciones de los vertederos en la medida en que se construyan plantas de valorización, y regula la autorización de códigos de identificación de residuos para conocer su idoneidad y controlar su trazabilidad.

Junto con estas medidas, esta norma también define herramientas dirigidas a que el coste del vertido contemple todos los aspectos que garanticen la imputación de todos los costes que se producen, de suerte que haga atractivo economicamente el reciclado.

En ese sentido, se abre una nueva línea de actuación dentro de las políticas de fomento del reciclaje de la basura. Hay que concienciar y potenciar la cultura del reciclaje frente a la eliminación del residuos, ya que la sociedad cada día produce un mayor volumen de residuos.

En la actualidad existe una norma básica estatal (Real Decreto 1481/2001) que regula el régimen de funcionamiento de los vertederos, pero  dicha normativa no desciende a la regulación de determinados aspectos que deben ser concretados para dar seguridad jurídica, económica y ambiental estas instalaciones. Resulta imprescindible que tanto los que ejercen el control, como los que intervienen en el proceso del vertido de los residuos cuenten con una guía legal que les garantice el buen comportamiento y las buenas prácticas.

En la actualidad sucede que, a pesar del esfuerzo realizado, la capacidad de almacenamento no es suficiente; se está realizando el vertido de un importante volumen de residuos, por lo que se desaprovechan los recursos en ellos contenidos; y los impactos ambientales asociados a este tipo de instalaciones son elevados (ocupación del suelo, degradación del paisaje, emisión de polvo...).

Otro aspecto importante es la falta de una normativa específica que defina claramente las condiciones de construcción, explotación y vigilancia, que deja en manos de los explotadores la gestión de los vertederos. La previsión del departamento es que en el horizonte de 2012 se sellen todos los vertederos de Galicia, salvo aquellos que en ese momento puedan tener autorización. Para conseguir ese reto, el Gobierno gallego invertirá un presupuesto de 5 millones de euros. En la actualidad existen 30 vertederos en proceso de clausura y sellado, de los que 7 están en ejecución, 10 en fase de contratación y 13 en estudio.

A la vista de esta situación, es necesario establecer en el ámbito de la Comunidad gallega, un marco jurídico que defina con claridad los requisitos mínimos de construcción, las condiciones de su explotación y un sistema de control ambiental eficaz que limite los efectos ambientales, que establezca medidas preventivas y que facilite la implantación de plantas de reciclado en Galicia.

El consejero insistió en que esta normativa completa la norma estatal vigente, de suerte que desarrolla de una forma más amplia y más genérica la regulación existente hasta ahora. En su opinión, esta orden es una herramienta normativa legal que da respuesta la una normativa insuficiente.

Dos grandes líneas de acción

El consejero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas explicó que en la orden publicada por el Gobierno gallego se definen dos grandes líneas de acción que contribuyen a dos objetivos: medidas para reducir el vertido y mecanismos para conseguir que el mismo sea realizado de la manera más inocua y segura posible.

Para reducir la basura, se limitará el tipo de residuo admisible en vertedero, por lo que sólo se podrán tratar aquellos que sean rechaces de procesos y que, en consecuencia, no admitan su reciclado, y aquellos que, siendo reciclables, no existan plantas de reciclado con capacidad suficiente en Galicia.

Otra de las medidas será controlar los residuos procedentes de otras comunidades autónomas. Esto permitirá adoptar limitaciones en caso de que las instalaciones existentes no sean suficientes para atender las necesidades de Galicia. Se establecerán medidas para que el precio del vertido sea suficiente para amortizar la inversión realizada y la prevista para hacer frente a los costes de clausura y postclausura. Con esta acción se persigue contar con una financiación suficiente para afrontar los costes ambientales derivados del funcionamiento de la instalación; que el produtor del residuo sea consciente del coste de la basura que produce; y que el precio del vertido no sea competitivo con el coste del reciclado, ya que así se permitirá implantar empresas recicladoras y facilitar la viabilidade de las existentes.

Por último, otra de las medidas para reducir el derramado es habilitar mecanismos de control de residuos que se reciben en los vertederos, estableciendo una codificación específica a los elementos de entrada, de tal manera que se pueda conocer -desde el origen- la basura que puede ser derramada, señaló Hernández.

Proceso seguro e inocuo

El consejero destacó que dentro de las medidas para conseguir que el vertido sea realizado de la manera más inocua y segura posible se establecen cuatro acciones: por una parte, definir mecanismos de control, tanto para la admisión de residuos como para el control y vigilancia de los vertederos durante la fase de explotación, clausura y mantenimiento posterior; y por otro lado, someter la gestión del vertedero a un mayor control administrativo en la fase de autorización y de posterior seguimento ambiental. El tercer eje es fijar un régimen de garantías suficientes para abordar los riesgos que la gestión del vertedero lleve consigo, mediante el acopio de una fianza ambiental.

También se establecerán requisitos técnicos en la construcción de las instalaciones para asegurar que la eliminación de residuos se realice con el menor coste ambiental. existen una serie de garantías que deben cumplirse: la impermeabilidade del vaso, el control y depuración de liquidos, el control de las aguas superficiales, el control de las emisiones a la atmósfera y la estabilidad del vertedero.

Esta orden se completará con un anexo en el que se recojan los pasos y las pautas a seguir para la construcción de un vertedero. Durante el proceso burocrático, las entidades gestoras podrán contar con el asesoramento técnico permanente del personal especializado de la Consejería de Medio Ambiente. Señaló que el proceso administrativo en todas sus fases será restritivo y con importantes mecanismos de control, con el objeto de garantizar el cumplimento exhaustivo de la normativa ambiental.

Situación actual de los vertederos

En la actualidad a Comunidad gallega cuenta con un total de 31 vertederos en explotación, de los que un 74 por ciento se dedican a la eliminación de los residuos (un total de 23), mientras que el porcentaje restante (26 por ciento, es decir, 8) tienen por actividad de gestión a valorización y eliminación.

De este número total, 22 son de titularidade pública, aunque sólo en 6 casos es el propio ayuntamiento quien los gestiona, y 9 están en manos de empresas privadas. En cuanto al tipo de residuo que tratan, 17 vertederos gestionan RDC (residuos de demolición y construcción); 13 residuos no peligrosos; y uno (Sogarisa) residuos peligrosos. Hace falta señalar que cuatro, instalados en los ayuntamientos de La Calle, Los Puentes, Cerceda y Santiago de Compostela, están en proceso de construcción.

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