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Propuesta del Parlamento Europeo para la adopción de las medidas exigidas por la Directiva de Eficiencia Energética.

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Un acuerdo provisional sobre la propuesta de nueva directiva de eficiencia energética de la UE fue presentado por los diputados y los negociadores del Consejo el jueves 14 de junio. Con esta directiva se requiere de la UE que los Estados miembros ahorren energía de manera específica, por ejemplo, mediante la renovación de los edificios y que disponga, la importancia de que el ahorro de energía sea ejecutado por empresas de servicios públicos. La UE tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética en un 20% en 2020 (a partir de los niveles de 1990), pero las cifras de la Comisión Europea indican que, sin estas medidas, que alcanzaría sólo la mitad.

¿Por qué necesitamos una directiva sobre la eficiencia energética?

La UE se ha fijado el objetivo de mejorar la eficiencia energética en un 20% en 2020 (a partir de los niveles de 1990), pero la Comisión Europea estima que la UE alcanzará sólo la mitad de la mejora a menos que tome medidas concretas. La propuesta de Directiva establece un marco común para estas medidas. Los Estados miembros tendrían que establecer objetivos nacionales de eficiencia energética, y en junio de 2014, la Comisión tendría que evaluar los progresos realizados hasta la fecha.

La propuesta de Directiva sustituirá a dos instrumentos legislativos: la Directiva sobre el Ahorro de Energía (EDS), y la directiva de cogeneración. Su objetivo es llenar las lagunas donde se carece de medidas, mejorar la eficacia de las ya existentes, y al hacerlo, dar un impulso a la economía.

Los diputados consideran que la eficiencia energética puede ayudar a impulsar la UE para reducir la dependencia de las importaciones, la creación de puestos de trabajo, liberando recursos financieros, la mejora de la competitividad industrial y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Renovación de edificios públicos

La directiva de la UE exige a los Estados miembros la renovación del 3% de la superficie total de "edificios con calefacción y / o frío ocupados por los propietarios de su gobierno central" (servicios administrativos cuya competencia se extiende a todo el territorio de un Estado miembro).

Sería el caso de edificios con una "superficie útil total" (área de piso de un edificio o parte de un edificio, donde la energía se utiliza para acondicionar el clima interior) de más de 500 m², y a partir de julio de 2015, de más de 250 m². Sin embargo, los Estados miembros también podrán utilizar medios alternativos para lograr un ahorro equivalente de energía, como las renovaciones completas.

Estrategia a largo plazo de los sectores nacionales de construcción

Con el fin de captar el crecimiento y oportunidades de trabajo en los oficios y sectores de la construcción, así como en la producción de productos de construcción y las actividades profesionales como la arquitectura, consultoría e ingeniería, cada Estado miembro tendrá que establecer una estrategia nacional a largo plazo ( en enero de 2015), para "movilizar la inversión" en el stock nacional de los edificios residenciales y comerciales, tanto públicos como privados.

Esta estrategia tendría que incluir:

  1. una descripción general del parque de viviendas nacional basado, según corresponda, en el muestreo estadístico,
  2. una identificación de métodos rentables para la renovación, relevante para el tipo de edificio y la zona climática,
  3. las políticas costo-efectivas para estimular las reformas "profundas" de edificios, incluyendo las que se realizan por etapas,
  4. a futuro una guía para las decisiones de inversión de los individuos, la industria de la construcción y las instituciones financieras, y
  5. un cálculo orientativo de ahorro de energía esperado.

La estrategia tendría que ser presentada a la Comisión, publicada el 1 de enero de 2015 y actualizada en su caso a partir de entonces.

El ahorro de energía para los servicios públicos

Las compañías de energía cubiertas por la directiva tendrían que alcanzar un "acumulado del uso final de objetivo de ahorro de energía" para el año 2020. Este objetivo tendría que ser al menos equivalente a la consecución de nuevos ahorros, cada año, desde 2014 hasta 2020, del 1,5% de las ventas anuales de energía a clientes finales, por volumen, con un promedio durante el último período de tres años antes de que la Directiva tenga efecto. Las ventas de energía utilizadas en el transporte podrían ser excluidos y las formas alternativas para lograr ahorros de energía equivalentes estaría permitido, siempre que se mantenga la equivalencia.

Exenciones

Los Estados miembros podrían optar por excluir de la energía utilizada en el cálculo objetivo las actividades industriales que están cubiertos por el régimen de comercio de emisiones ETS (por ejemplo, minerales, industria del acero de hierro), o contribuyan a este objetivo de ahorro que resulta de "tempranos" de ahorro de energía (las acciones implementadas desde diciembre de 2008 que todavía tienen un impacto en el año 2020). La suma de estas medidas de "flexibilidad" podría ser responsable de más del 25% de la energía total de ahorro nacional de destino.

La disposición relativa a los sistemas de energía de exención de eficiencia serían examinados por la Comisión en 2016.

La contratación pública

Los Estados miembros estarían obligados a garantizar que "los gobiernos centrales" compren sólo los bienes, servicios y edificios con rendimiento de alta eficiencia energética, en la medida en que sea coherente con, relación coste-eficacia de viabilidad económica, la sostenibilidad en general, la idoneidad técnica, y una competencia suficiente.

Este requisito se aplicará a los contratos con un valor igual o superior a los umbrales establecidos en el artículo 7 de la Directiva 2004/18/CE.

Auditorías energéticas

Todas las grandes empresas tendrían que someterse a auditorías energéticas. Estas tendrían que comenzar dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigor de la directiva y se llevarán a cabo cada cuatro años por expertos cualificados y acreditados.

Los hogares y las pequeñas y medianas empresas quedarían excluidos de este requisito.

Exenciones

Las grandes empresas que ya están aplicando una energía o sistema de gestión medioambiental que está certificado por un organismo independiente de acuerdo a las normas europeas o internacionales, estarían exentas de este requisito, siempre que el sistema de gestión incluya una auditoría energética.

Los contadores inteligentes y nuevos edificios

Los países de la UE tendrán que asegurarse de que, en la medida en que sea técnicamente posible y razonable económicamente, los clientes finales de electricidad, gas natural, calefacción urbana, la refrigeración de distrito y de agua caliente sanitaria reciban a precios competitivos contadores individuales que reflejen con exactitud el consumo final de energía del cliente real y que proporcionen información en tiempo real de uso.

Los nuevos edificios

Cuando una nueva conexión se realice en un edificio de nueva construcción o un edificio sometido a reformas importantes, tal como se establece en la Directiva 2010/31/EU, siempre tendrá que ser proporcionado un contador individual a precios competitivos.

Contadores individuales de consumo en edificios de varios departamentos

En los edificios de varios departamentos y polivalentes con una central de calefacción / refrigeración de origen o de suministro de una red de calefacción urbana o de una fuente central que sirve a varios edificios, los medidores individuales de consumo tendrían que estar instalados antes del 1 de enero de 2017 para medir el consumo de calor o de refrigeración o agua caliente para cada unidad siempre que sea técnicamente factible y viable económicamente.

Cuando el uso de contadores individuales no es técnicamente viable o no rentable, para medir el calentamiento, los dispositivos medidores individuales de calor tendrían que ser utilizado para medir el consumo de calor en cada radiador, salvo que se demuestre por el Estado miembro en cuestión que la instalación de estos dispositivos de calor no sería rentable. En tales casos, métodos de medición alternativos rentables del consumo de calor podrían ser considerados.

Facturación y la información al consumidor

Los Estados miembros estarían obligados a garantizar, antes del 1 de enero de 2015, que la información de facturación es correcta y se basa en el consumo real, con el fin de permitir a los clientes finales regular su propio consumo de energía. La facturación se llevaría a cabo sobre la base del consumo real por lo menos dos veces al año, o trimestralmente, previa solicitud. Cuando la facturación se realiza por vía electrónica y sin solicitud, sería trimestral.

El envío de los contratos de los clientes, los cambios en los contratos o facturas, entre ellos aquellos enviados a través de sitios web que tratan a los clientes de forma individual, los distribuidores de energía, operadores de sistemas de distribución y empresas minoristas de venta de energía tendrían que informar, de manera clara y comprensible, de los datos de contacto de los centros de consumo independientes, consejos, agencias de energía u otras instituciones similares, incluyendo sus direcciones de Internet, donde pueden obtener asesoramiento sobre medidas de eficiencia energética disponibles, los perfiles de referencia para su consumo de energía y especificaciones técnicas de los aparatos que utilizan energía que podrían ayudar a reducir el consumo energético.

Evaluar el alcance de la calefacción urbana de alta eficiencia y el enfriamiento

Los Estados miembros tendrían que llevar a cabo y comunicarán a la Comisión en diciembre de 2015 una "evaluación completa" de las posibilidades de la aplicación de cogeneración de alta eficiencia y la calefacción urbana y refrigeración eficientes.

A los efectos de esta evaluación, los Estados miembros tendrían que llevar a cabo un análisis, una relación coste-beneficio propuesta presentada por los diputados, que cubra su territorio sobre la base de las condiciones climáticas, la viabilidad económica y la idoneidad técnica.

Análisis coste-beneficio

El análisis coste-beneficio tendría que ser capaz de facilitar la identificación de las formas con más recursos y coste-eficiente para satisfacer las necesidades de calefacción y refrigeración.

Cuando en la evaluación para identificar el potencial para la aplicación de cogeneración de alta eficiencia y / o la calefacción urbana y refrigeración eficientes, los beneficios excedan los costes, los Estados miembros tendrían que adoptar las medidas adecuadas para la calefacción urbana eficiente y la infraestructura de refrigeración para ser desarrollados y / o para acomodar el desarrollo de cogeneración de alta eficiencia y el uso de calefacción y refrigeración a partir de calor residual y las energías renovables.

Exenciones

Los Estados miembros pueden eximir de estos requisitos a:

  • los picos de carga y de la electricidad de respaldo a las instalaciones de generación que están previstos para operar por debajo de 1.500 horas de funcionamiento por año como promedio móvil de cinco años, sobre la base de un procedimiento de verificación establecido por los Estados miembros que garanticen que este criterio de exención se cumple,
  • Las instalaciones de energía nuclear, o
  • Las instalaciones que deben estar ubicadas cerca de un sitio de almacenamiento geológico aprobado en virtud de la Directiva 2009/31/CE relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

Riesgo de fuga de carbono y el Sistema de Comercio de Emisiones

La Comisión Europea vigilará el impacto de la Directiva sobre los sectores de la industria, y sobre todo los expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono, a fin de garantizar que las disposiciones de la Directiva promuevan, en lugar de obstaculizar, el desarrollo de estos sectores.

El proyecto de Directiva incluye una declaración por escrito por la Comisión que se refiere a la fase 3 (2013-2020) del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS-que es la entrega de dos tercios de la meta de reducción de emisiones del 20%), que "a la luz de la necesidad de mantener los incentivos en el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE, la Comisión se compromete:

  • Urgentemente a presentar el primer informe de conformidad con el artículo 10 (5) de la Directiva 2003/87/CE sobre el mercado de carbono acompañada de una revisión del perfil de tiempo de la subasta de la fase 3,
  • Examinar las opciones en este informe, incluyendo entre otros la retención permanente de la cantidad necesaria de derechos de emisión, para la acción con el fin de adoptar tan pronto como sea posible adoptar nuevas medidas estructurales adecuadas para fortalecer las ETS en la fase 3, y que sea más eficaz ".

Próximos pasos

El texto acordado provisionalmente se someterá a una votación del Comité de Energía, probablemente en julio, y luego a una sesión plenaria en septiembre (horario provisional).

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