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WWF otorga a León el reconocimiento de “Ciudad por los bosques”.

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WWF España concede a León el reconocimiento de “Ciudad por los bosques” por su compromiso con la compra pública responsable de productos forestales. El Ayuntamiento prima en sus contratos la adquisición de madera y papel certificados por el sistema FSC. Este sello garantiza que los productos provienen de bosques gestionados de forma sostenible y es, por tanto, la mejor herramienta para luchar contra las talas ilegales y promover la gestión sostenible de los bosques.

El Observatorio “Ciudades por los Bosques” de WWF España destaca a León, entre casi 350 ayuntamientos, otorgándole el título de “Ciudad por los Bosques”. Tras este nombramiento, se encuentra el compromiso de León con la compra pública de productos forestales (fundamentalmente papel y madera), primando aquellos que provienen de bosques gestionados, tanto ambiental como socialmente, de manera responsable, y que cuentan con la certificación forestal FSC (1).

Este Observatorio es un instrumento creado por WWF en 2005 para evaluar las medidas que toman los ayuntamientos españoles de más de 20.000 habitantes con el fin de evitar la compra de productos forestales de origen ilegal o insostenible.

Cabe recordar la importancia de estas políticas de compra, ya que las Administraciones públicas españolas gastan anualmente más de 2.000 millones de euros en madera y papel, siendo necesarias cada año 2 millones de hectáreas de superficie forestal para satisfacer sus necesidades. Así, WWF considera que el consumo de productos forestales debe ser preferible a otros materiales más contaminantes y que la compra pública es esencial para promover la gestión sostenible de los bosques y la lucha contra la pérdida de biodiversidad, vinculada a los procesos de deforestación y de degradación de los bosques.

A pesar de esta situación, sólo seis ayuntamientos en toda España: León, Barcelona, Benicarló, Gavá, Sant Boi de Llobregat y L´Hospitalet de Llobregat toman cartas contra estos problemas y se sitúan, por tanto, en la lista verde de este Observatorio. Esto significa que únicamente estas seis ciudades aplican en la actualidad un programa de compra responsable y cuentan con un plan de acción para controlar el origen de los productos forestales que consumen.

Por el momento, otras 32 entidades públicas ya han mostrado su compromiso, aunque no han avanzado en el desarrollo de medidas concretas o en su aplicación, y el resto, 303 ayuntamientos (el 89%), no han desarrollado aún instrumentos de control sobre el origen de los productos forestales que consumen.

Estos datos son preocupantes, ya que existe una legislación nacional, la Ley de Montes, que incorporó en 2006 la necesidad de que las Administraciones Públicas tomaran medidas para impedir la compra de madera procedente de talas ilegales. No hay que olvidar que el 16% de la madera y el 3% de los productos de papel importados por el mercado español provienen de regiones donde la tala ilegal es una práctica habitual. Un problema que genera en los países productores pérdidas de unos 10.000 millones de euros al año, según el Banco Mundial. Además, la Península Ibérica es el segundo mayor consumidor de madera tropical aserrada del mundo.

WWF solicita a los gobiernos locales que apliquen urgentemente medidas de compra responsable de productos forestales, según lo establecido en la Ley de Montes, dando prioridad a los productos certificados por sellos como el FSC.

“Las Administraciones públicas son responsables del 18% del total de los productos de madera y papel que se consumen en España. Los Ayuntamientos deben utilizar este poder de compra para fomentar la gestión sostenible de los bosques”, apunta Félix Romero, Responsable del Programa de Bosques de WWF España. “Es el momento de que asuman su compromiso, como lo ha hecho León, y apuesten públicamente por dar prioridad a los productos certificados por el FSC”.

(1) La certificación forestal FSC (Forest Stewardship Council) es el mejor instrumento para garantizar el origen sostenible de los productos forestales. Este sello garantiza que la explotación cumple unos estándares sociales y ambientales exigentes que han sido consensuados por los representantes de los intereses sociales, ambientales y económicos de la gestión forestal.

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