Tres años después de que la Ley de Montes demandara medidas a las Administraciones contra la compra pública de madera procedente de talas ilegales, WWF revela que los avances son inapreciables. La 6ª edición de su Observatorio “Ciudades por los bosques” así lo prueba y recoge que el 98% de los ayuntamientos españoles sigue sin tomar cartas contra la madera de origen ilegal.
El Observatorio “Ciudades por los Bosques” de WWF, que evalúa las medidas que toman los ayuntamientos españoles de más de 20.000 habitantes para evitar las compras de productos forestales de origen ilegal e insostenible, sitúa a tan sólo seis ayuntamientos en su lista verde, de los 341 analizados. Es decir, sólo estas ciudades cuentan con una Política de Compra Responsable y un Plan de Acción para controlar la procedencia de los productos forestales y dar prioridad a los que estén certificados por sistemas como el FSC (Forest Stewardship Council).
Tan sólo los ayuntamientos de Barcelona, Benicarló, Gavà, Sant Boi de Llobregat, León y L’Hospitalet de Llobregat han desarrollado y han demostrado a WWF la aplicación de la normativa municipal. Otros 32 han mostrado su compromiso, pero no han avanzado en el desarrollo de medidas concretas o en su aplicación, y el resto, 303 ayuntamientos (el 98 %), ni siquiera ha tomado postura.
Según Félix Romero, Responsable de Bosques de WWF España: “Estos datos son especialmente preocupantes porque existe una legislación nacional, la Ley 43 de Montes de 2003, que incorporó en 2006 la demanda de medidas a las Administraciones públicas para evitar la compra de madera procedente de talas ilegales e insostenibles”.
A su vez, el resultado del Observatorio “Ciudades por los Bosques” contrasta con los datos de una encuesta realizada en la UE por WWF y Amigos de la Tierra que desvela que el 92% de los ciudadanos europeos y, hasta el 98% en el caso español, apoyan el desarrollo de una ley que frene el comercio de madera de origen ilegal en el mercado comunitario.
Estos datos se hacen públicos coincidiendo con el proceso de discusión de una normativa sobre la legalidad de la madera en el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Esta nueva regulación, que tiene por objetivo frenar el comercio de madera y productos derivados de origen ilegal en el mercado comunitario, será votada en los próximos meses.
A pesar de los beneficios ambientales de la madera como material, el 19% de la madera que importa el mercado europeo proviene de regiones donde la tala ilegal es una práctica habitual. Además, el mercado ibérico es el segundo mayor consumidor de madera tropical aserrada del mundo, por lo que España es un país prioritario en la puesta en marcha de estas medidas.
Según Félix Romero, “La madera, y sus productos derivados, son materiales ecológicos y su utilización en sectores como la construcción o la decoración los convierte en almacén de dióxido de carbono”- Y concluye: “Por ello, su uso debe ser preferente frente a materiales más contaminantes en su ciclo de vida, como plásticos y metales. Sin embargo, a su vez, es esencial comprobar el origen legal y sostenible con instrumentos como la certificación forestal FSC, que aseguran la conservación y el uso responsable de los bosques”.
Nota: La Ley 43/2003 de Montes en su modificación del 2006 establece: Artículo 35 bis. Compra Responsable de Productos Forestales: En los procedimientos de contratación pública, las Administraciones públicas adoptarán las medidas oportunas para evitar la adquisición de madera y productos derivados procedentes de talas ilegales de terceros países y para favorecer la adquisición de aquellos procedentes de bosques certificados.
Las Administraciones públicas fomentarán el consumo responsable de estos productos por parte de los ciudadanos, mediante campañas divulgativas.