La Sociedad de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco Ihobe y las empresas Sellex, Dinof, Ofita, Icaza, Enea y Algon e IK Ingeniería han analizado los criterios de compra verde para la adquisición de mobiliaro en una jornada conjunta celebrada recientemente en Bilbao. El objetivo de la misma era revisar conjuntamente los criterios de Compra Pública Verde (requisitos ambientales de producto para la adjudicación de contratos) del Gobierno Vasco para la adquisición de productos de mobiliario de oficina.
Tras realizar la revisión y análisis de las condiciones actuales, las conclusiones de la jornada han dado como resultado la eliminación de algunos criterios que ya han sido asumidos por el sector como mínimos y que todos los fabricantes garantizan. Además, se ha elaborado una propuesta de modificación de los criterios actuales en la que se incluyen, entre otros, el dar un mayor peso a los requisitos ambientales en el marco de la puntuación global de la adjudicación, incluir criterios que valoren el origen de los materiales (para favorecer la regionalidad de los productos/materiales), incluir criterios que valoren la sostenibilidad de la empresa, promover el conocimiento ambiental entre los técnicos técnicos/as de las administraciones públicas y sistematizar la valoración de criterios, entre otros aspectos relevantes.
Con 95 empresas asociadas que representan el 75% del sector en el País Vasco, el trabajo del Clúster Habic en cuanto a la promoción de la introducción de criterios ambientales en los productos de las firmas se viene realizando desde hace años con importantes resultados. En estos momentos, tras el sector edificación, el sector del mobiliario es el sector más sensibilizado y activo en proyectos de innovación ambiental de producto. De las 164 empresas que cuentan con Norma de Ecodiseño ISO 14006, más del 10% pertenecen al sector de mobiliario. De ellas, un 40% son firmas del País Vasco, y varias pertenecen al Clúster Habic.
La Sociedad Ambiental del Gobierno Vasco Ihobe trabajará ahora con esta propuesta, con el objetivo de aumentar las exigencias ambientales en los contratos públicos, ya que ha quedado patente que el sector mobiliario vasco se encuentra preparado para asumir el reto.