La UE quiere facilitar a los Gobiernos la ayuda a las empresas a través de una reforma de la normativa que estimula el crecimiento y fomenta la investigación y la innovación. La reforma tiene entre sus principales objetivos concentrar los recursos en investigar aquellos casos de ayudas públicas que plantean mayores riesgos de perjudicar a las empresas competidoras.
En el futuro, las empresas podrán recibir distintos tipos de ayuda para una mayor variedad de actividades y por importes más altos, sin que los planes al respecto estén sujetos a control previo por las autoridades de la UE.
Gracias a esta liberalización de la normativa, se calcula que solo se notificarán a la Comisión entre un 10% y un 25% de las ayudas públicas, frente al 40% actual. Esto se debe a que disminuyen los de criterios que obligan a una notificación oficial. A partir de entonces, alrededor de tres cuartas partes de las ayudas públicas y unos dos tercios de las subvenciones quedarán exentas de notificación a la Comisión, lo que reducirá las cargas administrativas tanto para las empresas como para los funcionarios nacionales y europeos.
A cambio, los países deberán publicar online los datos de cualquier tipo de ayuda financiera de organismos públicos a empresas que supere los 500.000 euros. Así, los demás países, las empresas y los ciudadanos de toda la UE podrán informarse sobre las ayudas públicas para las empresas.
Las nuevas normas dan flexibilidad a los países a la hora de invertir, por ejemplo, en clústers innovadores, infraestructura de banda ancha o la conservación del patrimonio cultural, siempre y cuando la ayuda tenga como objetivo claro crear empleo o aumentar la competitividad.
Con ello se espera incrementar el gasto europeo en I+D+i en un 50% hasta 2020. La UE invierte hoy en día en esta área alrededor del 2% del PIB. Llegar al 3% la pondría al mismo nivel que Estados Unidos y Japón. Esto, a su vez, ayudaría a las empresas a introducir nuevos productos en el mercado y crear empleo.
Las reformas, que entran en vigor el 1 de julio, forman parte de un paquete más amplio destinado a acelerar el proceso de decisión en asuntos de competencia. Durante los dos últimos años ya se han introducido normas específicas en diversos sectores: desarrollo regional, financiación de riesgo, aeropuertos, etc.