Hasta el 10 de septiembre de 2025, la Comisión Europea mantendrá abierta una consulta pública dirigida a ciudadanos, empresas y organizaciones interesadas en contribuir a la simplificación de la legislación ambiental de la Unión Europea. La iniciativa busca recoger opiniones sobre cómo hacer que las normativas ambientales sean más claras, menos burocráticas y más efectivas, sin rebajar los estándares de protección del medio ambiente ni de la salud humana.
La iniciativa está alineada con la ‘Brújula de Competitividad’ que propone disminuir en un 25% la carga administrativa total que enfrentan las empresas europeas antes de 2029, y en un 35% específicamente para las pymes. Esta tendencia hacia la simplificación ya se ha reflejado en el denominado ‘Omnibus I‘, que desde principios de 2025 ha modificado normas clave como la Directiva sobre informes de sostenibilidad empresarial (CSRD), reduciendo el número de empresas obligadas a presentar informes de sostenibilidad.
La próxima propuesta ómnibus medioambiental reunirá una serie de medidas para simplificar la legislación relativa a la economía circular, las emisiones industriales y la gestión de residuos.
Consulta para simplificar la legislación ambiental
La consulta tiene como objetivo identificar aquellas políticas medioambientales ya existentes en la Unión Europea que puedan simplificarse de manera efectiva, sin poner en riesgo los objetivos medioambientales ni la protección de la salud humana. En concreto, se busca detectar normas cuya aplicación pueda agilizarse y facilitarse para los operadores económicos, especialmente las empresas, reduciendo costes y cargas innecesarias.
La Comisión Europea invita a todas las partes interesadas —incluidas empresas, administraciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos— a compartir sus opiniones sobre cómo mejorar la aplicación de la legislación ambiental. Entre las posibles medidas que se están considerando figuran la reducción de trámites administrativos, la eliminación de duplicidades en los requisitos de información, el impulso a la digitalización de los procedimientos y la mejora de los procesos de concesión de permisos.
Además, como parte de este ejercicio, la Comisión Europea está revisando el conjunto de legislación ambiental de la UE para identificar normas que ofrezcan margen de simplificación administrativa. También se tendrán en cuenta las propuestas y comentarios recibidos en consultas previas y en otros mecanismos de retroalimentación.