El Congreso de los Diputados ha convalidado recientemente el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que incluye una prórroga de las deducciones fiscales por rehabilitación de viviendas y un cambio normativo para impulsar la construcción de vivienda pública y asequible.
La prórroga de los beneficios fiscales por obras de mejora energética de las viviendas supone extenderlas para las actuaciones realizadas en los años 2025 y 2026. Esta deducción se aplica sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que contribuyan a alcanzar determinadas mejoras de la eficiencia energética de la vivienda habitual, en viviendas alquiladas o con expectativas de alquilarlas, y en los edificios residenciales, acreditadas a través de certificado de eficiencia energética.
Entre 2021 y 2024, cuando estas ayudas ya estaban en vigor, se registraron 291.763 declaraciones. El beneficio medio fue de 1.918 euros por contribuyente entre esos años, y las actuaciones acreditaron obras de mejora energética en 203.756 inmuebles. Según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, las medidas han beneficiado a más de 290.000 personas desde 2021.
Las deducciones por rehabilitación energética de la vivienda, incluyendo las realizadas en el año 2025, son las siguientes: 20% por las obras (hasta el 31 de diciembre de 2026) que reduzcan al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda habitual, alquilada o en expectativa de alquiler. Una deducción del 40% por las obras (hasta el 31 de diciembre de 2026) que recorten un 30% el consumo de energía primaria no renovable o logren una calificación energética A o B.
En el caso de edificios de uso mayoritariamente residencial, una deducción del 60% por las obras de rehabilitación energética del edificio (hasta el 31 de diciembre de 2027) que reduzcan al menos un 30% el consumo o alcancen una calificación energética A o B.
Impulso de la vivienda pública y asequible
Junto a la prórroga de las ayudas, el Congreso ha convalidado una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para impulsar la construcción de vivienda asequible en suelos de titularidad pública. El cambio busca simplificar y flexibilizar el marco normativo para facilitar distintas fórmulas de colaboración público-privada recogidas en la Ley por el Derecho a la Vivienda.
La norma establece particularidades para los contratos de concesión cuando estén destinados a actuaciones de construcción o rehabilitación sobre suelo o inmuebles públicos, siempre que el destino final sea vivienda social o vivienda a precios asequibles.