El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha aprobado definitivamente los criterios de distribución de los 7.000 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que movilizará 800 millones en 2026 y combinará financiación estatal y autonómica para construcción, rehabilitación y protección residencial.
La decisión se adoptó el 11 de junio en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, presidida por el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, con el voto favorable unánime de comunidades autónomas y ciudades autónomas. La unanimidad reproduce el resultado alcanzado en la conferencia sectorial celebrada en mayo.
Distribución territorial del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030
El nuevo plan prevé una inversión total de 7.000 millones de euros, de los que 4.200 millones corresponderán a financiación estatal entre 2026 y 2030 y 2.800 millones a aportación mínima de las comunidades autónomas. La anualidad inicial de 2026 asciende a 800 millones.
Por territorios, Andalucía contará con 136,8 millones en 2026, 718,2 millones de financiación estatal, 478,8 millones de aportación autonómica mínima y una inversión total de 1.197 millones. Aragón recibirá 30,4 millones en 2026, 159,6 millones estatales, 106,4 millones autonómicos y 266 millones en total; Asturias, 26,4 millones, 138,6 millones, 92,4 millones y 231 millones; y Baleares, 19,2 millones, 100,8 millones, 67,2 millones y 168 millones.
Canarias tendrá una inversión total de 371 millones, con 42,4 millones en 2026, 222,6 millones estatales y 148,4 millones autonómicos. Cantabria dispondrá de 133 millones, con 15,2 millones en 2026, 79,8 millones estatales y 53,2 millones autonómicos. Castilla y León alcanzará 378 millones, con 43,2 millones en 2026, 226,8 millones estatales y 151,2 millones autonómicos; y Castilla-La Mancha, 280 millones, con 32 millones en 2026, 168 millones estatales y 112 millones autonómicos.
Cataluña tendrá 116 millones en 2026, 609 millones de financiación estatal, 406 millones de aportación autonómica y 1.015 millones de inversión total. La Comunidad Valenciana contará con 91,2 millones en 2026, 478,8 millones estatales, 319,2 millones autonómicos y 798 millones en total. Extremadura alcanzará 210 millones, con 24 millones en 2026, 126 millones estatales y 84 millones autonómicos; y Galicia, 399 millones, con 45,6 millones en 2026, 239,4 millones estatales y 159,6 millones autonómicos.
La Comunidad de Madrid tendrá 127,2 millones en 2026, 667,8 millones de financiación estatal, 445,2 millones de aportación autonómica mínima y 1.113 millones de inversión total. La Región de Murcia dispondrá de 308 millones, con 35,2 millones en 2026, 184,8 millones estatales y 123,2 millones autonómicos. La Rioja contará con 119 millones, con 13,6 millones en 2026, 71,4 millones estatales y 47,6 millones autonómicos. Ceuta y Melilla recibirán cada una 800.000 euros en 2026, 4,2 millones estatales, 2,8 millones de aportación mínima y 7 millones de inversión total.
Construcción, rehabilitación y protección residencial
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas y establece un esquema de corresponsabilidad financiera en el que el Gobierno de España aporta el 60% y las administraciones autonómicas el 40% restante.
La asignación de recursos reserva al menos el 40% a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque residencial existente y el 30% restante a actuaciones de protección dirigidas a colectivos y territorios con mayores necesidades.
El Plan Estatal de Vivienda incorpora mecanismos para mantener la protección permanente de las viviendas financiadas con sus recursos. También prevé una cláusula antifraude para reforzar la transparencia en la adjudicación de vivienda protegida, medidas de cohesión territorial y un sistema de datos públicos orientado a facilitar el acceso a información veraz y transparente.
La elaboración del plan ha incluido 28 reuniones con comunidades autónomas, además de encuentros con entidades, agentes sociales y expertos. En ese proceso se recibieron 365 aportaciones, que fueron analizadas e incorporadas a la redacción final del documento.