La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha presentado un documento de orientaciones para la contratación pública circular en Canarias, una herramienta dirigida a incorporar de forma progresiva criterios de economía circular en las compras y contratos de las administraciones públicas del archipiélago. El documento ha sido elaborado a través de la Dirección General de Calidad Ambiental, en colaboración con la Universidad de La Laguna y Gesplan.
La iniciativa forma parte de la Estrategia Canaria de Economía Circular 2021-2030 y del Plan de Acción de Economía Circular 2024-2026. En concreto, desarrolla la medida orientada a introducir criterios circulares en la contratación pública y en las subvenciones, con el fin de ofrecer un marco común para decisiones de compra con menor impacto ambiental.
El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, situó la contratación pública como un instrumento con capacidad para influir en el mercado, al representar entre el 15% y el 20% del Producto Interior Bruto regional. Según expuso, cada contrato puede contribuir a reducir el consumo de materias primas, prevenir residuos, fomentar la innovación y favorecer productos y servicios más duraderos y eficientes.
Criterios de economía circular para la contratación pública canaria
Las orientaciones plantean un método para integrar criterios de economía circular en las distintas fases del procedimiento de contratación. El documento promueve el análisis del ciclo de vida de productos y servicios, el uso de criterios objetivos y verificables, y la adaptación de los requisitos a las características concretas de cada contrato.
El marco propuesto insiste en que la incorporación de exigencias ambientales debe ajustarse a los principios de igualdad, libre competencia y proporcionalidad. El director general de Calidad Ambiental, Ángel Montañés, señaló que el objetivo es ofrecer seguridad técnica a los órganos de contratación y evitar la inclusión indiscriminada de requisitos que no estén vinculados al objeto contractual o que no puedan comprobarse durante la ejecución.
Montañés vinculó el trabajo con las aportaciones realizadas por el sector productivo canario durante el proceso participativo del Plan de Acción de Economía Circular. Según indicó, una de las demandas fue que la Comunidad Autónoma impulsara la contratación circular como vía para poner en valor el producto hecho en Canarias de manera sostenible.
Aplicación práctica en eventos, electrónica, mobiliario y obras
Además del marco metodológico, el documento incorpora ejemplos para cuatro ámbitos considerados prioritarios: la organización de eventos, la adquisición de equipos electrónicos, la compra de mobiliario y la ejecución de obras. En estos casos se proponen medidas para favorecer la durabilidad y reparabilidad de los productos, la reutilización de materiales, la reducción de residuos y un uso más eficiente de los recursos.
El equipo redactor explicó que las orientaciones no establecen una fórmula única aplicable a todos los contratos, sino un procedimiento de análisis para seleccionar los criterios más adecuados en función de cada prestación. Este enfoque permite identificar los principales impactos ambientales y decidir en qué fase del procedimiento resulta más eficaz introducir cada requisito.
La Consejería prevé abrir una segunda fase de trabajo durante el segundo semestre de 2026. Este proceso participativo contará con administraciones públicas, órganos de contratación, servicios jurídicos y otros agentes implicados, con el objetivo de validar las orientaciones y facilitar su implantación progresiva en Canarias.
El despliegue continuará en el próximo Plan de Acción de Economía Circular 2027-2029, que incorporará acciones de formación y herramientas de apoyo para las administraciones públicas. La finalidad es que los criterios de sostenibilidad se integren de forma transversal y verificable en la contratación pública de Canarias.