Un catálogo de buenas prácticas elaborado por Green Building Council España (GBCE) busca orientar al sector de la construcción en la incorporación de criterios de sostenibilidad a la contratación pública ecológica (CPE), junto con un informe sobre la situación actual y recomendaciones adaptadas al marco normativo vigente. El trabajo sitúa la compra pública como una herramienta para avanzar en descarbonización, economía circular y mejora ambiental en el ámbito de la edificación.
La CPE se encuentra en una etapa de transformación normativa tanto en la Unión Europea como en España. En los últimos años se han aprobado reglamentos, directivas y normas sectoriales que recurren a la contratación pública para impulsar la transición ecológica, la neutralidad climática y la protección de la biodiversidad, con especial incidencia en la edificación por su capacidad de contribución a los objetivos climáticos y ambientales europeos.
Marco normativo y calidad arquitectónica
En España, la Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura, incluye entre sus fines «impulsar en el ámbito de la contratación pública la aplicación del principio de calidad». La norma define la calidad de forma amplia e incorpora de manera específica la sostenibilidad ambiental, social y económica en los procesos vinculados a la edificación, desde el proyecto hasta la construcción o la rehabilitación.
La ley también crea el Consejo de Calidad de la Arquitectura, un órgano colegiado de carácter consultivo y asesor con participación de representantes del sector. Su finalidad es facilitar una compra pública innovadora que fomente la arquitectura de calidad en los distintos niveles de la administración pública.
El documento de GBCE reúne un decálogo de buenas prácticas, un informe de situación y un conjunto de recomendaciones para aplicar la contratación pública ecológica conforme a la regulación actual. En el apartado de buenas prácticas se recogen informes y guías ya publicados que ayudan a los órganos de contratación a introducir criterios ambientales en las licitaciones.
Solo el 4% de las licitaciones incluye sostenibilidad
El informe de situación analiza licitaciones públicas durante un periodo de un año para elaborar una radiografía del sector. El estudio estadístico concluye que solo el 4% de las licitaciones incorpora algún criterio de sostenibilidad.
Cuando esos criterios aparecen, el 90% de las licitaciones los vincula a la mitigación del cambio climático. En el análisis territorial, Andalucía y la Comunidad de Madrid figuran como las regiones que más incorporan este tipo de criterios en sus procedimientos de contratación.
Entre las recomendaciones, GBCE plantea que la escala de actuación debe ser el edificio completo y su ciclo de vida, y no únicamente el comportamiento aislado de los materiales. También subraya la necesidad de un ecosistema robusto y variado, con agentes que dispongan de conocimientos, experiencia, recursos y conexión entre sí para garantizar la calidad del resultado.
Recomendaciones para la contratación pública ecológica
El documento señala que la transformación requiere reglas claras, estabilidad y seguridad jurídica, técnica y de mercado. Asimismo, plantea que la contratación pública ecológica debe alinearse con las políticas europeas que están marcando la evolución del sector.
GBCE también identifica la capacitación como una herramienta central. Según el documento, no basta con disponer de normas y herramientas si no se refuerzan las capacidades técnicas de las administraciones públicas y de los agentes que participan en las licitaciones.
El catálogo considera que la renovación del parque edificado, los objetivos climáticos y la creciente apuesta por la vivienda pública hacen de este momento una oportunidad relevante. Además, recomienda priorizar soluciones desarrolladas y fabricadas en Europa, en España o en el ámbito local, por su aportación simultánea a objetivos ambientales, económicos y sociales.
Las recomendaciones incorporan la financiación como parte de la respuesta, al señalar que la ambición ambiental debe ir acompañada de instrumentos financieros adecuados. También defienden el uso de herramientas de evaluación, seguimiento y certificación sólidas y reconocidas para convertir los objetivos en resultados verificables durante todo el proceso.
El decálogo se completa con la necesidad de unas bases comunes para todo el país. GBCE propone un marco mínimo común de criterios de sostenibilidad en el territorio nacional, acompañado de metodologías compartidas de seguimiento y evaluación.