Según este documento de la Comisión Europea, asumir un compromiso de reducción de emisiones del 30% para 2020 beneficiaría individualmente a todos los Estados miembros.
Greenpeace considera un paso muy positivo la aprobación y presentación, el pasado día 31 de enero, en Bruselas del análisis de la Comisión Europea sobre los costes y beneficios derivados de asumir mayores compromisos de acción climática.
El documento demuestra que, pese a las inversiones requeridas para alcanzar mayores reducciones de emisiones para 2020, se obtienen beneficios económicos que compensan los costes anteriores en todos y cada uno de los Estados, mediante la implantación de diferentes medidas. Además coloca a la UE en su conjunto en una posición aventajada en la economía verde.
El documento de trabajo presentado por la Comisión establece diferentes trayectorias para aumentar el actual compromiso europeo de reducción de emisiones de CO2 para 2020, del 20% al 30%. En él la Comisión analiza también tres formas de alcanzar el objetivo del 30% para 2020, a la vez que se refuerza el sistema de comercio de emisiones de la UE (1) y se establecen mecanismos para que los países de la Europa central y del este aborden la transformación de sus sistemas industriales, actualmente de alta intensidad energética.
"La principal reticencia de los Estados que se negaban a asumir un mayor compromiso europeo en la reducción de emisiones eran los impactos que estas medidas podían conllevar individualmente. La Comisión ha demostrado hoy que estas medidas son ventajosas en cada uno de los Estados miembros y para el conjunto de la economía y de la política energética europea que requiere mayores cotas de independencia del exterior", ha declarado Aida Vila, responsable de la campaña de cambio climático y energía de Greenpeace. "No hay excusa para no aumentar la ambición climática en la UE o, mejor dicho, cualquier argumento de los Estados que -como España- no apoyan esta medida es, a la vista de este informe, una mala excusa".
El análisis de la Comisión evalúa los impactos derivados de las medidas para alcanzar mayores reducciones de emisiones en cada Estado y concluye que, incluso en los países con menores ingresos de la UE, los beneficios compensan con creces el importe de las inversiones necesarias.
Greenpeace valora muy positivamente este análisis y resalta las previsiones de la Comisión respecto a reforzar el sistema europeo de comercio de emisiones, algo que repercutiría en el aumento del precio de la tonelada de carbono y potenciaría las tecnologías bajas en carbono.
La organización ecologista se ha referido a la moratoria al apoyo a las energías renovables, acordada el pasado viernes en Consejo de Ministros, como algo "incomprensible, en este contexto". Greenpeace ha recordado que 2012 es el año internacional del acceso universal a la energía sostenible y que gobiernos e instituciones especializadas de todo el mundo están, precisamente, estudiando la forma de avanzar en la dirección contraria a la que lo hace España. La organización ecologista espera que, para el próximo 9 de marzo, cuando los ministros de medio ambiente de la UE discutirán el contenido del documento presentado hoy por la Comisión, España haya "entrado en razón".