Además, establece una serie de determinaciones dirigidas a mejorar, de manera inmediata, la eficacia de las administraciones competentes y la utilización del suelo, compatibilizando el desarrollo social y económico con la sostenibilidad ambiental.
Los ejes fundamentales del nuevo Decreto ley, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOIB y que en breve se remitirá al Parlamento para su convalidación, son conseguir más seguridad jurídica, más eficacia administrativa y una importante vertiente municipalista, ya que se pretende facilitar la gestión municipal o dar herramientas eficaces a cada municipio a fin de que pueda desarrollar a su modelo urbanístico dentro de los márgenes del plan territorial de cada isla.
Con esta nueva normativa, el Gobierno de las Islas Baleares pretende dar una respuesta decidida a la dispersión y confusión normativa que en los últimos años se ha agravado y que ha conducido a una rigidez procedimental en la comunidad autónoma, que ha provocado una parálisis de esta función pública. Un caso paradigmático de esta situación es el de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Islas Baleares, que fue objeto de modificaciones al poco tiempo de haberla promulgado y que todavía presenta problemas importantes. Este Decreto ley deroga los primeros 8 artículos de la Ley 4/2008.