Wolters Kluwer España en colaboración con El Consultor de los Ayuntamientos, perteneciente al mismo grupo, presenta ADMITE, la herramienta web de gestión administrativa dirigida a los ayuntamientos para facilitar y gestionar eficazmente los procesos de la Inspección Técnica de Edificios (ITE).
Esta herramienta responde a las nuevas necesidades de los consistorios creadas a partir de la entrada en vigor el pasado mes de julio del Real Decreto-Ley 8/2011, que obliga a supervisar periódicamente los edificios que tengan una antigüedad superior a 50 años* para asegurar su estado y debida conservación. El objetivo de esta normativa es aumentar la seguridad de los vecinos y cumplir con la normativa del Suelo.
Este sistema simplifica y automatiza la mayor parte de las tareas administrativas de la ITE, al mismo tiempo que ofrece información personalizada y ajustada de los inmuebles. De esta manera, permitirá a los ayuntamientos ser más eficientes y por tanto a aumentar sus ingresos. Los edificios que no cumplan las condiciones de conservación y seguridad requeridas por ley deberán realizar obras de rehabilitación para alcanzar dichas condiciones. Por ello, también se impulsará la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector de la construcción, y por tanto, supondrá un abaratamiento del precio de los seguros de los edificios una vez rehabilitados.
Ya funciona en los ayuntamientos de León, Las Rozas y Galapagar
La herramienta de Wolters Kluwer ya se ha implantado y actualmente está funcionando con éxito en los Ayuntamientos de León, Las Rozas y Galapagar. Es compatible con cualquier sistema operativo online y dispositivos. Se encuentra disponible en castellano, catalán, valenciano, gallego y euskera. Contiene una estricta seguridad de acceso y almacenamiento, cumpliendo con los parámetros de la Ley de Protección de Datos requerida para las Administraciones Públicas.
*Salvo que las Comunidades Autónomas fijen distinta antigüedad para municipios con población superior a 25.000 habitantes. La norma tiene un carácter de mínimos, por cuanto sobre esta materia las Comunidades Autónomas tienen sus ámbitos competenciales propios y específicos, de tal manera que pueden establecer disposiciones normativas que, respetando tales mínimos, contemplen otros aspectos en formas, plazos y condiciones.